En el marco de la novena sesión ordinaria del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca y del Comité Técnico de Expertos, sus integrantes exhortaron a las diputadas y diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado a ejercer la soberanía que recibieron de los pueblos y la ciudadanía de Oaxaca, mediante la aprobación del Dictamen de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el actual periodo ordinario de sesiones.
Las y los representantes de los pueblos indígenas y afromexicano que han venido trabajando a lo largo de tres años en la consulta y redacción de la Reforma Constitucional, también hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y otras instituciones del Gobierno Federal, para que respeten y cumplan los avances logrados en la Constitución Federal, en la Legislación oaxaqueña y los ámbitos nacional e internacional.
Asimismo, que comprendan las realidades y especificidades culturales de los pueblos, mismas que deben ser atendidas con altura de miras, sentido social y respeto republicano.
Acompañados por el Secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, el delegado de la CDI en Oaxaca, Jorge Toledo Luis y el Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Alejandro Martínez Ramírez, los representantes destacaron que históricamente los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca han mantenido las formas de organización política, jurídica, económica, social y cultural, así como identidades, lenguas y demás elementos culturales propios, que ubican al estado como el más diverso y pluricultural del país.
Recordaron que después de un amplio proceso de diálogo y consulta, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo envió el 21 de marzo de 2014, la Iniciativa de Reforma en la materia al Congreso del Estado para su análisis y aprobación correspondientes.
Afirmaron que tienen pleno conocimiento que dicha iniciativa ha sido analizada en 16 reuniones de trabajo por las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Asuntos Indígenas del Congreso Local, en el marco de un proceso inédito, transparente y participativo, teniendo como resultado un dictamen, resultado del consenso de todas las fracciones parlamentarias, mismo que debería ser turnado y aprobado por el Pleno del Congreso.
Expresaron que tuvieron conocimiento que la SEGOB formuló un conjunto de observaciones al referido dictamen, mismas que consideran que en algunos aspectos pueden ser incorporados al Dictamen de las Comisiones Unidas; “sin embargo, otras son inadmisibles porque son regresivas en materia de derechos humanos, implican el incumplimiento de las obligaciones que el Estado Mexicano ha asumido al suscribir diversos instrumentos internacionales en la materia y desconocen la legislación, así como la realidad social, política y cultural de Oaxaca.”
Denunciaron que dichos puntos inadmisibles que plantea la SEGOB tienen que ver con la pretensión de hacer voluntaria la institución del tequio; negar el carácter reconocido de sujetos de derecho público, restringir y calificar el derecho reconocido a la libre determinación, acotar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, impedir a las asambleas el carácter de máxima autoridad, negarse la capacidad de gestionar, ejercer y aplicar recursos públicos, así como negar el ejercicio pleno de la jurisdicción indígena”.
Frente a esta delicada posición, las y los integrantes del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca y el Comité Técnico de Expertos tomaron la determinación inmediata de emprender una amplia campaña de información y consulta a las comunidades y pueblos, a sus autoridades e instituciones para que puedan manifestarse con fundamentos claros y sólidos, en defensa de sus derechos y de la soberanía estatal, e iniciar un proceso constituyente que desemboque en una nueva Constitución para la entidad.
Asimismo y en consonancia con su voluntad de avanzar en sus reivindicaciones por medio de la ley y la democracia, convocaron a la sociedad civil, nacional e internacional, para que se pronuncie en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en la Constitución del Estado de Oaxaca, como un aporte a la paz, la justicia y a la democracia.
