Por mayoría absoluta, -89 a favor y 7 en contra-, el Pleno del Senado de la República aprobó, tras dos años de intensos dimes, diretes y debates, las reformas constitucionales para poner en orden, por fin, la deuda de estados y municipios. De inmediato se puso este dictamen a consideración de los congresos locales. Con 17 que lo aprueben, se pondrá en vigor de inmediato.
Con ello, se le da dientes a la Auditoría Superior de la Federación “para revisar las deudas públicas que usen como garantía recursos federales, pero también se conceden atribuciones y nuevas facultades entidades de fiscalización de los estados para poder revisar sus acciones y de los municipios en materia de fondos y de recursos federales, locales y de deuda pública”, expresó el senador Fernando Torres Graciano, al hablar a nombre del PAN sobre el dictamen respectivo.
Además, el priista José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, también expresó que las nuevas disposiciones legales emanadas de estas reformas imponen reglas más severas sobre el manejo y uso de los recursos públicos y resaltó que ahora no habrá pretextos para que los gobiernos locales no monitoreen y sobretodo supervisen los endeudamientos que pudieran tener, así como asumir sus responsabilidades en el ejercicio de los mismos.
Por cierto, el propio panista Torres Graciano recalcó que a lo largo de los últimos años la señalada deuda pública se triplicó al pasar en el 2007 de 186 mil 470 millones de pesos a casi 510 mil mdp al cierre del 2014. Incluso varios gobiernos locales dispararon sus débitos añadiendo, por ejemplo, casi 20 mil mdp “tan sólo los últimos tres meses del año pasado”.
En el señalado dictamen se establecen reglas claras respecto a esta deuda pública, siendo el Congreso el que regulará este tema en todo el país; se obliga a estados y municipios a “inscribir y publicar la cantidad de sus empréstitos y obligaciones en un registro público único”.
Las autoridades municipales y estatales asumirán elementos de responsabilidad financiera y en el caso de las obligaciones a corto plazo “tendrán que liquidarlas a más tardar tres meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente a fin de no heredarlas a la siguiente administración”.
Desde luego, se sumaron al voto aprobatorio de este dictamen los senadores del Verde e incluso la mayoría de los perredistas, sólo quedándose fuera del mismo los legisladores petistas y un par de ex perredistas.
Cabe mencionar que de acuerdo a los datos oficiales entre las entidades más endeudadas a la fecha, se encuentran Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila, Chihuahua y el Distrito Federal.
