Un nuevo caso de criminalización de luchadores sociales por parte de dependencias oficiales -en este caso la paraestatal Comisión Federal de Electricidad- denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), detallando que existen órdenes de aprehensión contra Carlos Beas Torres, coordinador de la organización, y Teófilo García Sarabia, quienes fueron denunciados penalmente por la CFE acusándolos del delito de privación ilegal de la libertad.
Paralelamente, informó Beas Torres vía telefónica, “hemos recibido amenazas directas” por las denuncias que indígenas istmeños han interpuesto contra Pemex por los graves daños ambientales que ocasionan los trabajos de la paraestatal sin que ésta realice labores de prevención, remediación ni indemnización a los afectados.
Informó que la noche del 18 de febrero se presentaron tres personas en la casa de la presidenta de Ucizoni, Juana Inés Ramírez, buscándola y afirmando que eran personal de seguridad de Pemex. “Hablamos a las oficinas del DF y de Salina Cruz y nos dijeron que no había ese personal” en la empresa, manifestó Beas.
La Ucizoni indicó que el 17 de febrero, al celebrarse audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por los abogados de Ucizoni en favor de Andrés Pérez Hernández, se les confirmó que en la causa penal número 160/2014 del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, se evidenció que existen órdenes de aprehensión libradas en contra de García Sarabia y de Beas Torres, imputándoles el delito de privación ilegal de la libertad. Beas informó que se ampararon contra dichas órdenes de aprehensión y se les concedió la suspensión provisional; “vamos a enfrentar esto política y judicialmente”, afirmó.
La denuncia penal fue presentada por la apoderada legal de la CFE, Irma Maldonado, a raíz de la movilización realizada el pasado 8 de julio con el fin de exigir la liberación de los activistas presos de Puebla: Enedina Velez y Juan Carlos Flores, en contra de los cobros excesivos de la energía eléctrica y de la imposición de megaproyectos.
La Ucizoni precisó que en efecto ese día cientos de sus integrantes realizaron plantones ante dos oficinas comerciales de la CFE ubicadas en Estación Sarabia y Matías Romero, Oaxaca, pero en ningún momento fueron cerradas las mismas.
Subrayó la organización que desde hace 14 años ha venido denunciando los abusos que comete la CFE en contra de las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec “consistentes en tratos racistas y discriminatorios, despojo de tierras, mal servicio, altas tarifas, cobros excesivos y daños en viviendas, aparatos electrodomésticos y medio ambiente y entendemos que estas acciones represivas son una represalia en contra de nuestra organización y tienen como objetivo frenar nuestra lucha y resistencia”.
Añadió que “esta es una muestra más de cómo la CFE criminaliza la protesta social” y este caso se suma al de sus cuatro compañeros de Candelaria Campeche, de Ixtepec y Juchitán, Oaxaca, Juan Carlos Flores de Puebla y a muchos otros a lo largo y ancho de todo el país que han sufrido persecución y cárcel por enfrentarse a los despojos y atropellos de esta empresa.
Exigió cese el hostigamiento y la persecución impulsada por la CFE contra sus compañeros y denunció el uso que hace de las instituciones encargadas de procurar justicia “para reprimir a ciudadanos cuyo único delito ha sido ejercer sus derechos constitucionales y hacer valer las demandas de nuestros pueblos”.
Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) condenó las citadas órdenes de aprehensión contra Beas y Sarabia, enfatizando que la Ucizoni ha sido un importante actor en la defensa de los derechos de los pueblos sobre su territorio y contra el despojo que pretenden hacer empresas extranjeras a las comunidades indígenas, siendo un referente importante no sólo en el Istmo de Tehuantepec y ante la defensa de los pueblos istmeños sobre la imposición de proyectos eólicos, sino un referente en el país de solidaridad a los movimientos en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos.
