El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados reprochó las condiciones políticas en que opera el INE porque “la mayoría de los consejeros, que son afines al PRI, están generando un nivel de confrontación tal que el instituto se encamina a transformarse en un árbitro electoral inútil”.
La bancada del sol azteca respaldó la decisión de los representantes de siete partidos en el Consejo General, que optaron por no participar en trabajos de las comisiones y del Comité de Radio y Televisión hasta nuevo aviso.
“El bloque de consejeros priístas, votaron a favor de que no se discutieran dos acuerdos para promover mayores controles al uso electoral de programas sociales. Ese grupo, afín al PRI está dividiendo al Consejo General, lo está desgastando y llevando a niveles de confrontación y desacuerdo que podrían convertirlo en un árbitro inútil, debilitado y con una pérdida total de credibilidad, lo que pondría en crisis desde ahora las próximas elecciones federales y estatales y colocarían en riesgo los resultados de la elección, y la estabilidad política y social del país”.
Miguel Alonso Raya, coordinador del sol azteca en San Lázaro, adujo que la resistencia a discutir acuerdos, que obligaría a funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta los delegados en la ciudad de México, a ser imparciales en el uso de los recursos públicos y en el ejercicio de los programas sociales rumbo a los comicios, se da en el contexto de las anomalías encontradas por la Auditoria Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2013 por un monto de 740 millones de pesos en la Sedesol, institución que maneja la mayor parte de los programas sociales.
“La mayoría priísta que impera en el consejo del INE es la misma que respalda en el seno de éste la estrategia instrumentada por el gobierno federal para fortalecer, mediante inversión ilegal multimillonaria en publicidad, al Partido Verde Ecologista de México, y con ello elevar artificialmente su nivel de preferencia electoral”.
Así, puntualizó el PRD, la decisión de los consejeros que votaron en contra de promover mayores controles al uso electoral de programas sociales, lleva implícita la celebración de una elección inequitativa desde ahora, porque el INE “no está cumpliendo con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, establecidos en el artículo 41 de la Constitución.
