La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició un procedimiento administrativo de investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición del avión presidencial, cuyo costo total ascendió a 6 mil 547 millones de pesos.
Por exigencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Sedena deberá determinar si funcionarios de la dependencia incurrieron en alguna falta, toda vez que la compra del avión tipo Boeing B-787-8 ‘‘fue cerrada’’ por la dependencia de manera unilateral, a pesar de que siete meses antes la Defensa Nacional y otras dependencias habían decidido adquirir otro modelo, el B-787.
En los resultados de la auditoría pública, correspondiente a 2012, el órgano fiscalizador determinó que se debe investigar la conducta de los funcionarios que elaboraron el estudio denominado ‘‘Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial Estado Mayor’’, sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de la aeronave y que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión.
La ASF llamó la atención en que el proceso para seleccionar el Boeing B-787-8 ‘‘fue regularizado’’, toda vez que “siete meses antes de que se elaborara el estudio para la compra del avión presidencial ya se habían llevado a cabo reuniones con personal de la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras y del proveedor del avión, para adquirir el B-787’’.
Así, la Sedena dio inicio al procedimiento administrativo DE/496/2014SFP para deslindar responsabilidades. Cabe señalar que el costo del nuevo avión presidencial se incrementó en más de 239 millones en sólo un año, al pasar de 6 mil 308 millones a 6 mil 547 millones de pesos.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, el Boeing 787-8, que sustituirá el TP 01, tuvo un costo de 6 mil 547 millones 379 mil 439 pesos (en un plan de arrendamiento a 15 años).
Por otra parte, la Sedena inició otro proceso de investigación debido a que desvió más de 436 millones de pesos a otros rubros de gasto para evitar la devolución de recursos no erogados a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con la ASF, funcionarios de la Defensa incurrieron en presuntos actos irregulares en el manejo de 436 millones 876 mil pesos, al desviar recursos destinados para el Fideicomiso para la adquisición de vehículos y equipo para funciones de seguridad pública y del destinado a la compra de bienes inmuebles y arrendamiento, para enviar esas cantidades a otro instrumento financiero diferente con el propósito de evitar tener que regresar ese dinero a la Tesorería.
