Víctor Leonel Juan Martínez
Coto a la corrupción por un lado y fortalecimiento de la opacidad por el otro, son dos caras de la misma moneda que la clase política presenta al país. Con una intenta responder a la crisis de credibilidad; con la otra intenta revertir esos avances. Un doble juego que caracteriza su actuación en los últimos años.
La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un triunfo innegable de la sociedad civil. En el caos ético en que se encuentran las instituciones –gobierno, partidos políticos, órganos autónomos e incluso los cuestionamientos a la amoralidad de la iniciativa privada—, ahora los organismos civiles y la academia no sólo han cuestionado y denunciado esas prácticas; de un conjunto de ellas, agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) elaboraron la propuesta del SNA que acogieron un par de fracciones parlamentarias inicialmente y que, con algunas modificaciones, finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados federal. Una primera evaluación la hace Lourdes Morales, directora de la RRC ( http://efektonoticias.com/noticias/mexico/es-positivo-que-se-haya-llegado-un-consenso-para-aprobar-sistema-anticorrupcion ).
Si bien la iniciativa alcanzó un consenso entre las principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD, PRI), lo cierto es que previamente buscaron la forma de obstaculizarla, reducirla a cambios cosméticos o establecer una estructura tal que la volviera inoperable, pues a la cabeza estarían el presidente de la República y los gobernadores. Fue el cada vez mayor descrédito de la función pública, el hartazgo ciudadano expresado en las recientes movilizaciones sociales (que aun cuando tienen a Ayotzinapa como eje, es claro que una de las motivaciones de la lucha es en contra de la impunidad), sumado a los escándalos que se han sucedido en los últimos meses, los que cercaron al legislativo que se vio compelida a aprobarla.
Ahora, sin rubor alguno, los partidos políticos se disputan la paternidad del SNA. Los mismos que han sido exhibidos en sus conflictos de interés con empresas constructoras, en los “moches” que piden a presidentes municipales para bajar recursos públicos, en el desvío de millonarias cantidades de los gobiernos estatales, se convierten en paladines de la anticorrupción. Habría que tener cuidado entonces con el uso instrumental, que se pretenda darle, particularmente ahora que inician las campañas políticas rumbo a las elecciones federales.
Por ello habría que tener especial atención en el proceso que apenas ha iniciado. Ya desde distintos ámbitos se preparan ofensivas para nulificar los avances:
1. Una modificación no menor que se hizo a la propuesta del SNA es que en el dictamen aprobado se excluye de responsabilidad al presidente de la República.
2. Los gobernadores en la reunión de la CONAGO han mostrado su malestar a ser auditados en los recursos federales que manejan con el risible argumento de que atenta contra el federalismo (argumento harto conocido en Oaxaca que esgrimió, en 2002 y 2003, el gobernador José Murat para evitar que la Auditoría Superior de la Federación revisará las transferencias del gasto social a la entidad).
3. En un instrumento legislativo fundamental para cerrar el círculo anticorrupción, la Ley de Transparencia, se pretenden revertir los avances constitucionales alcanzados en la reforma de febrero de 2014. Por mandato constitucional la ley debía aprobarse a más tardar el 7 de febrero de 2015. No se ha hecho. El motivo es que se pretende aprobar una normatividad que representaría una regresión, incluso respecto a la legislación actual (al respecto ver el pronunciamiento del Colectivo por la Transparencia http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Posicionamiento-LGT1.pdf ).
No son cosa nueva estos intentos regresivos. La reforma electoral federal de 2014 echó por la borda la construcción de un andamiaje institucional que costó años construir y que ahora tiene en crisis al órgano electoral.
En Oaxaca, en 2006, justo en la crisis social más aguda del estado, el gobernador Ulises Ruiz presentó al Congreso iniciativas de una reforma electoral y en materia de transparencia, que aprobaron por unanimidad todas las fracciones parlamentarias con argumentos de ser de avanzada. En la práctica la primera buscaba perpetuar al grupo en el poder ampliando su periodo de gestión a cuatro años de diputados y presidentes municipales y a un gobernador interino nombrado por esos mismos diputados. La segunda garantizaba la opacidad en la información gubernamental y obstaculizaba cualquier intento de exigir que rindieran cuentas.
El SNA es apenas el inicio de un proceso que llevará años consolidar. Al menos una generación, apunta Mauricio Merino, de sus principales impulsores. No es pues la panacea que resuelva de manera inmediata los problemas de corrupción y castigue a los responsables. Pero si es un sistema que permitirá edificar un andamiaje institucional que ataque sus causas, detecte y proponga soluciones a actos irregulares que se amparan en entresijos burocráticos y formalismos legales; que permita una clara rendición de cuentas y un castigo a los responsables de las irregularidades; que impida que éstos, evadan la ley, pues como lo ha declarado el titular de la ASF “los peces gordos no son tontos y ni firman ni llevan a cabo las operaciones irregulares” (El Universal 23/02/2015).
La propuesta y la presión de la sociedad civil y la academia, de los medios de comunicación y de la movilización social, fueron los que hicieron posible la creación del SNA. Habrá que estar alertas para evitar los intentos regresivos que han aparecido aun antes de que el sistema empiece a funcionar.
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