La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para salvaguardar los derechos humanos de mujeres presuntamente víctimas de explotación sexual en el centro de la capital oaxaqueña.
La Defensoría inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/245/(01)/OAX/2015 con motivo de la información difundida en diversos medios de comunicación en cuanto a que mujeres procedentes de diversas partes de la república e inclusive de Centroamérica son obligadas a ejercer la prostitución bajo hostigamiento de autoridades, dueños de cantinas y otras personas.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca recapituló que medios de comunicación difundieron haber descubierto en las calles de la ciudad a varias mujeres presuntamente exhibidas para ofrecer servicios sexuales. Según los medios, estas mujeres, en su mayoría menores de edad, provendrían de distintos estados de la república (como Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero) e inclusive de Centroamérica.
Los medios de comunicación indicaron que vecinos de las calles Prolongación de Galeana, Zaragoza y Privada de las Casas manifestaron que, cuando estas mujeres llegan a la ciudad, son intimidadas por grupos de proxenetas que operan en la zona, sin que las autoridades municipales controlen la situación.
Los vecinos denunciaron a los medios de comunicación que inspectores municipales, policías de diferentes corporaciones y dueños de cantinas o casas donde a estas mujeres les rentan cuartos, obtienen ganancias ilícitas al venderles protección para que ejerzan como sexoservidoras, amenazándolas con que, de otro modo, los clientes las hostigarán.
Al inicio de este mes de marzo, la PGJE informó que rescató a 15 mujeres, una de ellas menor de edad, víctimas de trata sexual en bares y cantinas del centro capitalino. Cuatro de esas mujeres dijeron provenir de Tlaxcala, siete más, de Puebla, otras dos, de Veracruz, y dos de Oaxaca. La última de éstas es una adolescente de 16 años.
Con estos antecedentes, la Defensoría pidió a la PGJE un informe sobre el conocimiento que tenga de los hechos denunciados, las diligencias practicadas al respecto y las medidas adoptadas para salvaguardar los derechos de las mujeres involucradas, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.
