El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar toda la documentación relacionada con la actividad que realizó el 27 batallón de infantería –con sede en Iguala– entre el 25 y 30 de septiembre del año pasado, fechas cercanas a los hechos de Iguala donde desaparecieron 43 normalistas. La disposición obedeció a que es un caso considerado violación grave a derechos humanos y por tanto debe abrirse la información al interés público.
El Ifai también revocó la negativa de la Secretaría de Gobernación (SG) a hacer pública la información relacionada con las acciones instrumentadas por el Estado para cumplimentar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculada al caso Rosendo Radilla. Así, se desestimaron los argumentos para clasificarla como reservada y ponderaron que su difusión es un ejercicio de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esa sentencia.
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey señaló que en democracia la gobernabilidad es un concepto ligado a la legitimidad de la autoridad. En el caso Iguala existe la presunción de que están vinculadas instancias de seguridad pública. Privilegiando el acceso a la información se impulsa ‘‘el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los gobernantes’’.
Tras señalar que no es el primer caso relacionado con Ayotzinapa –ya lo hizo con uno que involucraba a la Procuraduría General de la República (PGR)–, dijo que el contexto obliga a que sea un asunto que se trate en un ‘‘espacio abierto y plural’’. Se consideró improcedente el argumento de la Sedena en el sentido de que esa información está asociada a una averiguación previa que está en proceso de integración por la PGR.
Monterrey sostuvo que ‘‘no puede soslayarse que los hechos acaecidos en Iguala permearon en la paz pública del país’’ y se encuentran involucradas autoridades de seguridad pública cuya función principal es salvaguardar el estado de derecho. Por ello, se consideró infundada la respuesta y se instruyó a la Sedena ‘‘a que realice una búsqueda exhaustiva de cualquier expresión documental relacionada con las actividades del personal militar’’.
