En comisiones unidas del Senado, tras horas de reconocimientos y discusiones, sus integrantes aprobaron en lo general y por unanimidad el proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia, con lo cual se garantiza plenamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a todos los mexicanos y se obliga al Gobierno federal y de los estados a eliminar de tajo cualquier opacidad en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, “es importante resaltar que esta ley va a garantizar a los ciudadanos el acceso pleno al ejercicio de este derecho fundamental, porque estoy segura que una sociedad informada puede tomar mejores decisiones; y por otro lado, un gobierno abierto y transparente pues gestiona de mejor manera los recursos públicos, pero sobre todo rinde cuentas de sus actos con pleno respeto de las libertades ciudadanas”.
A pesar de esta unanimidad de 17 legisladores presentes, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, informó a sus pares que las reservas que eventualmente pudieran presentarse aún se discutirán en la mesa directiva de estas mesas unidas y si no hay consenso, se llevarán al Pleno. “Hoy se le dará (jueves) primera lectura y se aprobaría la semana próxima”, garantizó.
Y es que los perredistas Zoé Robledo, Angélica de la Peña y Alejandro Encinas así como la panista Laura Rojas, adelantaron que interpondrán algunas “alternativas de redacción”, para los casos de que el proyecto original planteaba proteger a aquellos funcionarios públicos “informantes”, es decir, que revelen en forma anónima presuntas irregularidades o actos de corrupción de sus jefes, para que no sean sujetos de acoso o daño laboral alguno.
Por lo demás, tanto Cristina Díaz Salazar como la propia Laura Rojas y Marcela Torres, también del lado panista, enaltecieron los “grandes avances” que tiene este dictamen en donde se dota al organismo garante como el IFAI –y sus similares en los estados- de dos instrumentos básicos: La prueba de daño, que deberán de dar todos los sujetos obligados al momento de pretender reservar la información pública. Así como el interés público por parte de la sociedad para abrir, a contracorriente, la información de estos sujetos.
En total, esta Ley General de Transparencia tiene 215 artículos integrados en nueve títulos y cierra un debate que durara dos años y medio –con la iniciativa parada totalmente en San Lázaro un año-, y se convierte en la ley reglamentaria de las modificaciones constitucionales al respecto aprobadas por el Congreso de la Unión en el 2013.
Llamó la atención que ahora los fideicomisos y fondos públicos se verán obligados a rendir cuentas, además de que el “agujero negro” que había del poder judicial y legislativo también se cierra y se interponen algunas consideraciones para temas como los de seguridad nacional, violaciones graves a los derechos humanos y averiguaciones previas. “No hay retrocesos en esta minuta”, recalcó la senadora panista Marcela Torres Peimbert.
