Para impulsar la construcción de vivienda, que se espera supere los 12 millones de unidades al año en 2018, el gobierno federal decidió otorgar un estímulo fiscal de 100 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) causado por proveedores formales en la prestación de servicios parciales de construcción a las empresas vivienderas.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, hizo el anuncio de manera conjunta con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam. Con la medida se espera evitar que el precio de las viviendas se dispare entre uno y 3 por ciento a causa del gravamen.
Videgaray Caso destacó que el estímulo se dará únicamente a las empresas proveedoras que se encuentren en el sector formal para que el IVA causado no sea trasladado a los desarrolladores, y que a su vez los compradores finales no vean encarecido el precio de las viviendas familiares.
Calculamos que evitar este traslado del IVA reduce o evita un incremento en el precio de la vivienda de entre uno y 3 por ciento del precio final a la familia que la adquiera, subrayó el funcionario.
Mientras tanto, el titular de la Sedatu dijo que es una medida que permitirá atender la creciente demanda de vivienda en el país. Actualmente, precisó, existe un rezago identificado en 9 millones de unidades y se calcula un incremento de este problema de 3.5 millones de viviendas adicionales en los próximos tres años.
En su, participación, Videgaray Caso recordó que el periodo 2012-2013 fueron años complejos para la industria y por ello la actual administración asumió revisar a fondo el modelo de desarrollo de vivienda, “porque al mismo tiempo que teníamos un agotamiento en la construcción, empresas con balances financieros en riesgo, estábamos enfrentando una crisis de viviendas desocupadas.
Se detenía la construcción y, por otro lado, cifras de viviendas abandonadas que llegaban a más de 5 millones de unidades. Y así, en 2013 se impulsó una nueva política de vivienda para que la construcción se dirija a aquellos lugares donde en realidad se requiere, donde existen los servicios, donde existe el acceso a los medios de transporte y a lugares donde se encuentre la vivienda que la gente demanda, con las características correctas que las familias mexicanas necesitan en cuanto a sus dimensiones y características.
Explicó que con base en ese diagnóstico se impulsó un acuerdo entre la dependencia que encabeza la Sedatu y los constructores, el cual derivó en la aprobación del estímulo fiscal de IVA. Es, expuso, un estímulo para que los proveedores de la industria de la vivienda que ofrezcan un servicio a los desarrolladores reciban el equivalente a cien por ciento del IVA causado, de tal manera que no lo tengan que trasladar a los desarrolladores y no se encarezca el costo de la vivienda. Calculamos que aproximadamente evitar ese traslado de IVA reduce o evita un incremento en el precio de vivienda de entre uno y 3 por ciento del precio final a la familia que lo adquiere; es un impacto relevante en el precio de la vivienda que le da certidumbre a la industria y que permite seguir construyendo.
Este mecanismo, subrayó, sólo beneficia a los proveedores formales en la economía, pues como el estímulo se obtiene en la declaración de impuestos del proveedor, la medida no beneficia ni incluye a los proveedores informales.
