La Defensoría de los Derechos Humanos evidenció que en la región Mixteca las autoridades municipales son las más señaladas por cometer actos que vulneran los derechos humanos, además de que continúan presentándose en la región detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, y el derecho a la seguridad jurídica es el más violentado.
El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, informó que por medio de sus oficinas regionales ubicadas en Huajuapan, Tlaxiaco y Juxtlahuaca, la Defensoría abrió 307 expedientes de queja, 131 cuadernos de antecedentes y brindó 1,883 orientaciones desde el 1 de enero de 2014 al 28 de febrero del 2015.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano realizada el martes 24 de marzo en la ciudad de Tlaxiaco, el Defensor Peimbert Calvo expuso que las autoridades más señaladas en quejas son, en primer lugar, las municipales, seguidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto Estatal de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia.
El Defensor de los Derechos del Pueblo realizó un análisis de los más relevantes problemas por derechos humanos en la región, entre los cuales incluyó el tema de la seguridad jurídica y la procuración de justicia, pues el organismo advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no se da abasto ante los delitos y la violencia que persisten en la región.
Agregó que es fundamental denunciar que las autoridades en la zona continúan utilizando métodos violentos para realizar detenciones, además de que en algunas ocasiones las realizan de forma arbitraria y con tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual se traduce en violaciones a derechos humanos.
El titular de la Defensoría informó que el organismo que preside ha emitido 145 medidas cautelares en la región de 2014 a 2015, ante la concurrencia que incluyó a representantes de la sociedad civil, miembros de diferentes comunidades, a las consejeras ciudadanas Martha Julia Avendaño Córdova, Sara Pilar Méndez Morales y a los consejeros ciudadanos Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Héctor Lorenzo Estrada.
Peimbert Calvo comentó que la Defensoría registra que los derechos más violentados son el derecho a la seguridad jurídica (específicamente por detenciones arbitrarias) y a la seguridad personal, así como violaciones al derecho a la seguridad personal, a causa de un número importante de quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Comentó el servidor público que en la región continúan los conflictos por límites de tierras, que han generado en algunos casos la comisión de ilícitos como homicidios, despojos, lesiones, además de la ruptura del tejido social.
Entre los conflictos por tierras que destacan citó los de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec, Santo Domingo Ixcatlán con Chalcatongo de Hidalgo, Zimatlán de Lázaro Cárdenas con San Sebastián Nopalera. Precisó que con respecto a estos problemas la Defensoría ha abierto los expedientes correspondientes.
Puntualizó que la Defensoría abrió el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/22/TX/(25)/OAX/2015 para investigar los señalamientos de habitantes de Santiago Yosondúa sobre que los trabajos de explotación de la mina local representan un riesgo a la salud, daños ambientales, además de que no se hizo una consulta previa a la comunidad.
Peimbert Calvo recalcó que también es fundamental la protección y defensa de periodistas, quienes enfrentan riesgos especiales por la naturaleza de la actividad que desempeñan, al detallar que la Defensoría ha documentado diversos casos que derivaron en tres cuadernos de antecedentes por agresiones a defensores de derechos humanos, y uno más por agresiones a periodistas.
El Defensor del Pueblo manifestó su preocupación por las condiciones que presentan los Centros de Reinserción Social ubicados en la ciudad de Huajuapan y en Tlaxiaco, pues en las visitas realizadas los representantes de la Defensoría detectaron hacinamiento, carencias de infraestructura, y la falta de programas específicos que favorezcan la reinserción socialpor carencia de recursos humanos y técnicos.
Para finalizar, el ombudsman recalcó que la violencia de género es un tema preocupante en la región Mixteca, pues la Subprocuraduría de Género de la PGJE ha registrado allí 39 casos de feminicidios, tema que debe ser atendido por las autoridades de forma urgente, pues genera cifras alarmantes que revelan la falta de efectividad para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres.
