Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá revelar el número de empleados que ha despedido o sancionado por estar relacionados con el robo de hidrocarburos, según ordenó el Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Con dicha resolución, el IFAI revocó la respuesta de Pemex a la solicitud de información de un particular respecto al número de trabajadores despedidos o sancionados por relacionarse con el robo de hidrocarburos.
La petrolera estatal argumentó no haber localizado la información correspondiente, indicó el IFAI en un comunicado.
El comisionado ponente, Joel Salas Suárez, señaló que la demanda del particular resulta fundada y agregó que existe registro de boletines de la Procuraduría General de la República (PGR) en los que se informa sobre la detención y procesamiento de trabajadores de Pemex por robo de hidrocarburos.
Salas afirmó que la ordeña es un tema delicado en el país, ya que el número de tomas clandestinas en la red nacional de ductos pasó de mil 361 en 2011 a 3 mil 198 en 2014.
Detalló que Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa son los estados en los que se identificó el mayor número de tomas clandestinas, mientras que las pérdidas relacionadas con este delito ascienden a 33 millones, 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, lo que equivale prácticamente a los barriles que México exporta en un mes.
Por otra parte, el comisionado recordó que la extracción de petróleo y de hidrocarburos no sólo tiene que ver con ingresos públicos sino también con derechos humanos.
Sostuvo que el pasado 20 de marzo, durante un debate auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales, la Secretaría de Energía de México reconoció que “la visión de derechos humanos es central en esta reforma, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos”.
Salas apuntó que tanto en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo como en la Alianza para el Gobierno Abierto, México se ha comprometido a fortalecer la transparencia en el sector.
El robo de hidrocarburos vulnera las finanzas de Pemex y del país y pone en riesgo a poblaciones enteras, expuso el comisionado, y añadió que la definición de prioridades de desarrollo y los impactos al medio ambiente y a la salud humana “atañen a la sociedad mexicana en general y, por tanto, debe disponer de información para conocer y participar en las decisiones públicas”.
“El derecho de acceso a la información es crucial para garantizar la salvaguarda de otros derechos fundamentales”, comentó.
