En sesión ordinaria, el Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo), ordenó a los Ayuntamientos de Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tuxtepec, la entrega de la información referente al presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal de 2010 a 2015, así como el monto de los recursos propios recaudados durante los mismos años.
A través de solicitudes de información, ciudadanos requirieron a los Ayuntamientos de Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tuxtepec, el presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y para el caso de 2015 el presupuesto que pretendan ejercer; así como el monto de los recursos propios recaudados por su tesorería municipal durante los mismos años. También requirió el número total de la población en los mismos años.
Tras a analizar los recursos de revisión, el Consejo General, consideró que de la información solicitada, la establecida como pública de oficio es la referente al año 2014, la cual al realizar la solicitud de información, es la que en ese momento se encontraba vigente; y de acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO de este órgano colegiado, la información solicitada se actualiza anualmente, por lo que la relativa a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, es de acceso público.
Por otra parte, aunque la cifra de población de cada municipio no esté catalogada como información pública o pública de oficio, los ayuntamientos referidos pueden dar acceso a dicha información, la cual debe obrar en sus archivos, de acuerdo con el artículo 43 fracción XLIII. De la Ley Orgánica Municipal Del estado de Oaxaca, que establece que el Ayuntamiento debe “constituir y actualizar el registro de población municipal conforme a la reglamentación correspondiente”.
El Consejo General de la Cotaipo, integrado por las Consejeras Eréndira Fuentes Robles y Gema Ramírez Ricárdez y el Consejero Presidente Esteban López José, advirtió la obligación de los Ayuntamientos de transparentar sus acciones, como municipios legalmente constituidos, así que determinó declarar fundado el motivo de inconformidad expresado por los recurrentes y ordenó a los Ayuntamientos la entrega de la información.
