Al gobierno mexicano le preocupa que el señalamiento hecho por el relator especial de las Naciones Unidas, Juan Méndez, en relación a que la tortura está “generalizada” entre las instituciones de seguridad nacionales, incida negativamente en la valoración en el exterior que se haga sobre la situación que se vive en México, reconoció el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.
En una reunión con medios de comunicación, el funcionario expuso que un informe público, emanado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “evidentemente incide negativamente en la valoración que (se) haga sobre la situación que vive México”.
El término tortura generalizada, abundó, “tiene un significado muy preciso en derecho internacional y ese significado tiene que ver con situaciones en donde hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa a partir de quien lo perpetra, pero sobre todo dentro de una política de Estado”.
Aclaró que lo anterior, es algo a lo que se opone el gobierno nacional, pues no refleja la situación que se vive en México: “Por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos, fragilidades institucionales —que han sido reconocidas por el Estado en todo momento—, por más de que tengamos estas situaciones, en modo alguno se puede decir que las instituciones del Estado no funcionan o que no están en un tránsito hacia mejores estándares”.
El subsecretario Gómez Robledo expuso que un solo caso de tortura, en sí, es preocupante, y expuso que el gobierno nacional ha reconocido que existen desafíos muy grandes en la materia. Sin embargo, ello es muy distinto a decir que se trata de una situación generalizada, la cual “equivaldría a decir que se comete en las 32 entidades federativas, en los tres órdenes de gobierno y en todo momento del proceso; desde la detención hasta la sentencia firme y luego cuando se está purgando sentencia”.
Al cuestionar sobre un probable temor del gobierno nacional de que este caso pudiera llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) —tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad—, el subsecretario Gómez Robledo apuntó que “no es que haya temor de que llegue a una corte o no, lo que hay es una preocupación de que no haya una valoración objetiva de la situación que tiene México”.
En el artículo séptimo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se entenderá por “crimen de lesa humanidad” a la tortura y otras faltas, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque.
Es de recordar que en el 2011 un grupo de activistas, académicos e intelectuales anunciaron la iniciativa de presentar ante la Corte Penal Internacional un “juicio penal internacional contra Felipe Calderón”, para analizar la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el país.
En un comunicado de prensa, fechado en octubre del 2011, Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en derecho penal internacional, expuso que “México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad”.
Asimismo, explicó, la falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
Fracaso diplomático
En la reunión con medios informativos, el subsecretario Gómez Robledo expuso sobre el incidente con el relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, que es la primera vez que existen tensiones con este organismo.
Relató que durante todo el 2014 la diplomacia mexicana sostuvo encuentros con el relator Juan Méndez, tanto de manera directa como por escrito, pidiéndole que reconsiderara el uso del término tortura “generalizada”, así como que documentara las denuncias que hubiese recibido durante su visita en México del 21 de abril al 2 de mayo del año pasado. De ese intercambio, el funcionario de la ONU, por conducto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandó 14 casos, respecto de los cuales 12 estaban siendo ya investigados.
A la pregunta expresa sobre si fue un fracaso diplomático el no haber persuadido al relator Juan Méndez tras un año de reuniones, Gómez Robledo asentó que “yo asumo el no haber logrado convencerlo”.
Agregó que el relator, en la crítica que recibió de México y otro país, reconoció haber empleado métodos rudimentarios, pero agregó haber estado cumpliendo con las instrucciones dadas por el Consejo de Derechos Humanos. “Evidentemente está reconociendo que la metodología no era la adecuada para llegar a esas conclusiones”, sugirió el subsecretario.
Asimismo, aseguró que “lo que no puede quedar en duda es la política permanente del Estado de apertura al escrutinio internacional en derechos humanos (…) para seguir recibiendo el apoyo, la cooperación que requerimos para mejorar el estándar interno en materia de derechos humanos”.
Desde el cristal de las ONG
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales —como World Organization Against Torture y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos— expresaron rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones emitidas por representantes de la SRE en relación a los informes del relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Esto en particular por el posicionamiento de Juan Manuel Gómez Robledo, al cual calificaron como de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos. Lo anterior, se vio agravado a partir del respaldo emitido por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, versa la carta.
“Es inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones”, acusaron.
