El ex regidor del municipio de Oaxaca de Juárez, David Juárez López, “desempolvó” recomendación que emitiera la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en contra de lo que hoy es la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) y concesionarios del Transporte Urbano, la cual se ha incumplido y por tanto se encuentran en la anarquía y en la ilegalidad.
Juárez López quien mostró el documento con número 26/2010, emitido el 2 de septiembre de ese año, requiere a las empresas Tucdosa, Choferes del Sur y Tusug, para regular el transporte en la capital, así como también cumplan con el seguro de viajero, que los choferes cumplan con un “antidoping” y contar con vehículos en buenas condiciones.
En este sentido la DDHPO también solicita que los camiones cuenten con verificación ecológica, se realice la revista de las condiciones físico mecánicas, que los conductores lleven uniformes y porten en lugar visible copia ampliada de la licencia de conducir, se unifiquen los camiones por empresa, marca y colores, los cuales no se distinguen, se rotulen los números económicos y razones sociales, así como que se establezcan los criterios de capacitación y cursos impartidos.
Esta situación, como la misma recomendación, a la fecha no han sido cumplidas por las empresas del transporte, ni la Sevitra ha exigido se cumpla con este punto de la recomendación en la cual se giran las instrucciones al Secretario de Seguridad Pública y a la entonces Coordinación de Transporte, para que sea atienda en 30 días naturales.
“Desde 2010 a la fecha no hay cumplimiento, tanto de la dependencia encargada de regular el transporte como de los mismos concesionarios”.
En ese sentido Juárez López, lamentó que lo más grave de la recomendación es que refiere que se realice un padrón de los camiones de transporte urbano en circulación y que cuenten con los requisitos de la legislación, es decir desde 2010 no existe un padrón real.
Juárez López dijo que en la situación jurídica de las empresas, se advierte que de un total de 841 camiones registrados, 600 tiene un registro en el que no existe coincidencia en el número de placas, serie y/o motor y solamente 57 registros coinciden con los documentos que posee la dependencia encargada del transporte.
Por lo que al no contar con un padrón confiable y actualizado se propicia la anarquía y la impunidad de este sector, afirmó el militante del Partido del Trabajo.
“De los camiones en circulación, existen números de serie que no coinciden con las facturas, por ende incurren en un delito al no acreditar el número de serie y/o motor, es decir, son camiones chocolate, la cual es una falta grave porque prestan un servicio en la ilegalidad”.
Por otra parte, al incumplir con los requisitos legales para operar se debe proceder a la revocación de la respectiva concesión en términos del artículo 26 de la Ley de Transito reformada y demás normatividad aplicable.
“Desde el 2010 debieron ser retiradas las concesiones, toda vez que no han cumplido los acuerdos signados con las autoridades, además que no han acatado la recomendación emitida por Derechos Humanos, por lo cual consideró que es inviable el aumento al precio del pasaje a 7 pesos que hoy los empresarios exigen”.
