La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para avalar la constitucionalidad del arraigo en casos de delitos graves, hasta por un plazo de 40 días, disposición regulada en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.
Al estudiar un amparo interpuesto por el ex jefe de custodios del penal de Gómez Palacio, Durango, Jesús Cuauhtémoc Pérez García en contra de dicho artículo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -encargado del proyecto de sentencia- propuso avalar la constitucionalidad de dicha norma al considerar que es acorde con los tratados en materia de derechos humanos firmados por México; es permitida para preservar otros bienes y derechos de terceros; además de que la disposición fue emitida por el Congreso de la Unión, único facultado para legislar en esta materia.
A la propuesta se han sumado abiertamente cinco ministros más y tres han estado en contra.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena argumenta que el precepto legal impugnado no adolece de vicio de irregularidad, ya que en la norma legal se establece que la autoridad judicial puede decretarla si la solicita el ministerio público, tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de justicia.
Los ministros a favor de la propuesta, Aberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Margarita Luna Ramos coinciden en que la ley suprema contempla esta figura para el caso de delitos graves.
“Si el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales se ajusta a lo dispuesto por el artículo décimo primero transitorio del decreto publicado el 18 de junio del 2008 (…) esto resulta suficiente para sostener que respeta el parámetro de control de regularidad constitucional integrado por los derechos humanos”, arguyó el ministro Eduardo Medina Mora, quien por unanimidad fue avalado por sus compañeros para participar en el debate.
En contra de la medida se pronunciaron los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y la ministra Olga Sánchez Cordero, al considerar esta figura como violatoria de los derechos de libertad y presunción de inocencia.
