El Gobierno de Oaxaca, junto con representantes del Gobierno Federal, llevó a cabo este martes dos mesas de trabajo con autoridades municipales y agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapa, a fin de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan poner fin a la problemática limítrofe que enfrentan ambas comunidades con el vecino estado de Chiapas.
Las reuniones se llevaron a cabo como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno Estatal para lograr la resolución de este conflicto agrario, cuando el titular del Poder Ejecutivo visitó ambas comunidades el pasado 1 de abril.
En un primer momento, los representantes gubernamentales se reunieron con comuneros y autoridades de San Miguel Chimalapa en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde los funcionarios estatales y federales escucharon con atención las demandas y necesidades de esta población indígena.
Asimismo, los representantes de los Gobiernos Estatal y Federal expusieron los avances y logros alcanzados como parte de una ruta jurídica muy clara y contundente –que la administración estatal lleva a cabo- para demostrar la verdad histórica y jurídica sobre quiénes son los dueños verdaderos del territorio de los Chimalapas, y defender con ello, la soberanía territorial de los oaxaqueños.
En su oportunidad, el Consejero Jurídico del Gobierno Estatal rindió un informe legal sobre los avances de la controversia constitucional impulsada por la administración de Gabino Cué Monteagudo.
Durante la reunión con representantes de San Miguel Chimalapa, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, Víctor Hugo Alejo Torres, dio a conocer el estado del Juicio de Amparo 143/2012 que se sigue en el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, por la violación de la suspensión por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, al realizar diversas obras en el supuesto municipio de Belisario Domínguez después, de que se otorgó la suspensión el 14 de febrero de 2012.
“Con esto, el Gobierno del Estado da testimonio del acompañamiento que se está dando a las autoridades municipales y comunales en la defensa de su territorio agrario, pero también de la lucha del Gobierno de Oaxaca en la defensa integral del territorio estatal para delimitar la zona limítrofe”, dijo.
Señaló que durante la participación de los testigos designados por la Asamblea de Comuneros de San Antonio y Benito Juárez, en la audiencia del pasado 10 de abril, se destacaron las pruebas que admitió el Juez Federal en la secuela procesal, como las copias certificadas de los contratos de obra pública que las dependencias del Gobierno de Chiapas celebraron para realizar dichas edificaciones.
Dijo que el Juez de Amparo admitió en favor del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, la fe de hechos que el Notario Público 127 del Estado de Chiapas practicó el 28 de diciembre de 2012, quien a solicitud del Secretario General de Gobierno de ese estado, dio fe notarial que dichas obras se encontraban en pleno funcionamiento, con lo cual se pretende acreditar de manera fehaciente e inevitable, que las autoridades chiapanecas violaron la suspensión del 14 de febrero de 2012.
Posteriormente, la comitiva integrada por representantes de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Secretaría de Finanzas, además de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la delegación de la Procuraduría General de la República, entre otras más, también atendió a los representantes del municipio de Santa María Chimalapa en el Salón Escudos del Palacio de Gobierno
