El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló la necesidad de conocer cuál es la incidencia en la comisión de delitos por parte de personas que cuentan con una concesión para transporte público, a fin de clarificar si los operarios dar el servicio a la ciudadanía bajo controles de confianza adecuados.
De esta manera, abundó el ombudsman, podremos saber cuántos homicidios culposos son atribuibles a choferes del transporte urbano, y si los choferes están sometiendo a controles de salud, si son aptos para conducir los vehículos, si usan drogas o alcohol, o si dentro de los autobuses hay información para usuarias y usuarios, como números telefónicos que les sirvan para quejarse sobre las condiciones de las unidades que las y los transportan.
Al recapitular, durante la sesión pública celebrada por el Consejo Ciudadano de la Defensoría este 22 de abril, recientes sucesos de violencia y otros delitos cometidos por prestadores del servicio de transporte, Peimbert Calvo recalcó que es urgente transparentar las condiciones en que las autoridades otorgan concesiones para prestar el servicio de transporte público.
Durante la misma sesión pública, las y los consejeros ciudadanos Sara Méndez, Julia Avendaño, Pedro Matías, Héctor Lorenzo y Bernardo Rodríguez coincidieron en demandar a las autoridades una iniciativa para prestar un servicio propio de transporte público, que no depende de particulares a los que se da en concesión este servicio.
Las y los consejeros ciudadanos cuestionaron la actual situación del transporte público, cuya falta de transparencia permite a funcionarios públicos y a particulares enriquecerse mediante el otorgamiento de concesiones sin control alguno, creando un serio problema de vialidad en diferentes puntos del Por su parte, el Defensor Peimbert Calvo instruyó a su dirección de Políticas Públicas para que investigue lo relativo al derecho al transporte público y, de ser legalmente viable, formule una propuesta para la creación de un área de transporte público estatal, valorando si el estado incurre en una omisión al no proveer transporte publico accesible y funcional a los habitantes de Oaxaca.
Al evocar las ventajas del sistema de transporte colectivo denominado Metro en la capital del país, el ombudsman pidió a la Coordinación general de Defensorías solicitar todos los informes correspondientes sobre el aumento de cuotas en el transporte urbano.
También instruyó a esa Coordinación a indagar cuáles son los estándares de incumplimiento de los concesionarios del transporte público sobre sus unidades, si los concesionarios están comprometidos de alguna forma a cambiar su parque vehicular, y cuáles son las condiciones para dar en concesión el transporte público.
“Tal vez se dan concesiones a un servicio que no está a la altura de las necesidades ciudadanas, y que en ocasiones pone en riesgo a las personas que usan el transporte público”, expresó Peimbert Calvo, al recordar que en días pasados la Defensoría inició el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/0491/(01)/OAX/2015 con motivo de la información difundida por medios de comunicación sobre un alza a la cuota de pasaje de los autobuses urbanos en la capital del estado.
El servidor público expuso que ningún funcionario de la Secretaria de Vialidad y Transporte estatal ha dado respuesta a la solicitud que le hizo la Defensoría para que informe sobre cuál es la tarifa actual autorizada por concepto de pasaje para el servicio público de transporte urbano en Oaxaca.
Peimbert Calvo subrayó que “es necesario generar solicitudes de información sobre procuración de justicia en este tema, dados los hechos violentos suscitados recientemente en la entidad por una serie de delitos y agresiones que son del conocimiento público. No sabemos realmente en qué situación se encuentran los concesionarios del transporte, pero vale la pena revisar su condición”.
