El caso Ayotzinapa es muestra de los rezagos y desigualdad histórica de México. Para el gobierno significa una llamada de atención a fin de atender los agravios, la violencia y la descomposición social, advirtió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).
‘‘La instrucción que yo tengo del secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) es dar la cara para hacer frente a los problemas (…) ser lo suficientemente sensible y ganar la confianza de la gente para ser interlocutores con las víctimas’’, dijo Campa a La Jornada.
A los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero, los invita a dialogar: ‘‘Estamos totalmente abiertos para atenderlos (…) para proceder con el apoyo necesario, (aunque) ellos han sido reticentes a aceptar esa posible ayuda’’.
La mudanza a su nueva oficina (prácticamente sólo pasó de un lado a otro de la Glorieta Insurgentes) tiene como propósito aceitar el engranaje de políticas públicas para atender las violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad, porque delito sin sanción implica repetición del mismo, subrayó.
Ayotzinapa –puntualizó– es la consecuencia de una cadena de circunstancias extraordinarias: extrema marginación y pobreza, una policía municipal penetrada por el crimen organizado, así como una larga historia de enfrentamientos. ‘‘Sin duda es necesario entender la descomposición social de esas comunidades. La llamada de atención es indispensable. Tuvieron que juntarse todos esos elementos para generar una tragedia tan brutal con enormes consecuencias para todos, para el gobierno’’, señaló.
Campa Cifrián fue hasta el mes pasado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la misma SG y tuvo a su cargo el diseño y operación del plan antidelito; desde ese trabajo trazó el mapa de las zonas más pobres y violentas del país.
Ahora le toca ser el enlace gubernamental con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con organismos nacionales e internacionales en la materia. Su trayectoria lo coloca como un personaje que ha podido establecer comunicación tanto con pintos como colorados de la política.
Su trayectoria
En 2003, cuando Elba Esther Gordillo era la cabeza de los diputados del PRI, se puso del lado de la dirigente magisterial, ahora en prisión. También se le ubica como uno de los pocos que votaron en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Para 2006, Campa fue candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, fuerza política alentada por Gordillo, y en el sexenio del panista Felipe Calderón encabezó el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El abogado, egresado de la Universidad Anáhuac, destaca ahora como prioridad la capacitación en derechos humanos a todos los policías y agentes del país, porque sólo así, en conjunción con nuevos protocolos de actuación, habrá garantía de no repetir los agravios.
Una de sus primeras tareas es atender el caso Ayotzinapa y ser un enlace con los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes ya entrevistaron a 16 (de 105) presuntos responsables del ataque a normalistas. Están en curso otras gestiones en favor del trabajo de los enviados del sistema interamericano, agregó.
Gobernación ha tenido una serie de encuentros y desencuentros con las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado. Hasta ahora, sólo brinda apoyo a los afectados colaterales; a la viuda del estudiante cuyo cadáver apareció desollado, así como de otros heridos aquellos días. El resto de los familiares están ‘‘reticentes’’, indica, al acompañamiento federal y a aceptar una indemnización por la desaparición de sus seres queridos. Por el contrario, exigen que continúe la búsqueda de los jóvenes.
A pregunta expresa, el funcionario dice que en expedientes similares se alcanzaría una indemnización ‘‘bastante superior’’ al millón de pesos por cada caso. ‘‘Estamos totalmente abiertos; podemos ayudar en los términos de ley, es su derecho’’.
Por ahora, Campa promete una restructuración en la subsecretaría para que todo el aparato de gobierno pueda atender de manera más pronta y oportuna a las víctimas, lo mismo en torno a Ayotzinapa que en otros casos.
En su escritorio sobresale el tema de los desaparecidos (la cifra oficial es de poco más de 25 mil personas no localizadas, al corte del 31 de enero pasado). Al respecto, el funcionario repite lo que han comentado sus colegas y antecesores: el país requiere de un registro claro y mecanismos profesionales y modernos de búsqueda y localización de personas.
‘‘En los próximos días anunciaremos lo que haremos para hacer frente al tema de los de-saparecidos’’, indicó finalmente el subsecretario.
