A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión que investiga la postulación de José Luis Abarca en el cargo de alcalde de Iguala, Guerrero, hizo público el informe sobre cómo llegó al gobierno, hasta los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Comisión Especial del PRD encargada de investigar de manera interna el caso Iguala contradijo las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) al revelar que fueron pobres las exposiciones del caso con datos falsos, deformación y tratar de ocultar información.
A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la también llamada Comisión Abarca, que investiga la postulación de José Luis Abarca en el cargo de alcalde de Iguala, Guerrero, hizo público el informe sobre cómo llegó este personaje al gobierno de la localidad en 2012 hasta los trágicos acontecimientos en la entidad ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con entrevistas a dirigentes locales y nacionales, incluido un encuentro con el propio José Luis Abarca en el penal del Altiplano, Estado de México, la Comisión dirigida por el perredista Pablo Gómez, construyó los hechos en los que señala directamente al diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez como el principal impulsor de Abarca en la alcaldía de Iguala, pues el legislador fue el primer contacto para que llegara a ser candidato por la alianza PRD-PT-MC.
Asimismo, otro de los responsables es Lázaro Mazón, ex perredista y ahora militante de Morena, quien es amigo de hace muchos años de Abarca, mismo que lo impulsó para que fuera presidente municipal en 1996.
A través de otros testimonios de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que estuvieron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión Especial del PRD indica que la PGR, entonces al mando de Jesús Murillo Karam, proporcionó datos falsos y deformaciones, así como de elusiones de referencias de tiempo, modo, lugar y circunstancia de los diversos hechos.
“Además, la investigación, según lo que se informa, no parece abarcar hechos anteriores, referencias a lo que debería ser el conjunto de antecedentes relacionados con la tragedia de Iguala, nunca aparece el negocio fundamental, es decir, la producción, transformación y tráfico de drogas, así como otros delitos conexos, la relación entre dicho negocio y los cuerpos policiales de Iguala y Cocula y las autoridades políticas”, indica el documento de 43 páginas.
En síntesis, según el informe presentado a la dirigencia nacional del PRD, la versión de la PGR, en lugar de clarificar y explicar, tiende a ocultar y confundir.
El Gobierno federal tampoco ha aportado, a través de sus servicios de inteligencia, los datos necesarios para conocer los móviles de la violencia, refiere.
Entre la repartición de culpas, la Comisión indica que no existe informe oficial de la conducta del Gobierno de Guerrero durante las horas de agresiones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“La responsabilidad política del gobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo. El Congreso del Estado nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces”, indica.
Asimismo, acusa también un defecto del Partido de la Revolución Democrática, cuya conducción del proceso político sobre la tragedia de Iguala simplemente no existió.
