El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar “directamente y no por intermediación de la PGR” a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre. Consideran que esta diligencia es “clave” en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.
Al rendir el tercer reporte de avances de la misión desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad en dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses— integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
A nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz explicaron en rueda de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento. También informaron de algunos avances.
Entre las recomendaciones, destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos en colaboración con los padres y bajo un nuevo protocolo conforme a estándares internacionales.
El 5 de mayo se realizó, por la mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal de México Enrique Galindo y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos en la que se acordó reactivar la búsqueda e incorporar a los padres en la misma. Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará “hasta que se tenga certeza del destino delos normalistas desaparecidos”.
Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad diferentes: Altiplano, Tepic y Puente Grande.
Anunciaron además que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex presidente municipal José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.
Admitieron además que aunque desconoce todavía cual es el nivel de involucramiento del ex gobernador Ángel Aguirre “obviamente es parte de lo que se deberá investigar”.
¿Tortura?
Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI conversó en Tepic recientemente, “un número lamentablemente alto” refirió haber sufrido malos tratos, tortura y violación al debido proceso. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del Protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura esta circunstancia pudiera tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad de las denuncias. “El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas” ya que, de confirmarse, tendría “consecuencias legales y un impacto muy negativo”. Beristain agregó: “Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien”. Añadió que “serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad o no y qué es lo que hay que hacer”.
El grupo indicó que ya en esta tercera etapa de la misión se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala en más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, con lo que a la fecha tienen ya “mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de los Avispones (el equipo de fútbol local que fue víctima colateral del ataque policiaco) y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos”.
Como lo hicieron ya en la presentación del segundo reporte el 20 de abril, los expertos del GIEI insistieron en que los delitos del Caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Esta tipificación aún no se ha modificado.
Pero además recomendaron que se incluyan en las acusaciones otros delitos graves como el de la tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio en el caso de los dos estudiantes que aún permanecen hospitalizados, gravemente heridos después de siete meses. Y añadieron encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. “Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados”.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, que también entra dentro del mandato de la CIDH, mencionaron que, en el caso del joven que yace en coma desde aquella noche, Aldo Gutiérrez Solano, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres obtener “una rápida segunda opinión” médica sobre sus posibilidades de recuperación. En el caso de Edgar Andrés Vargas, se mantendrá la atención médica hasta su completa recuperación. Y en el caso de Julio César Mondragón, hay un compromiso de atender las necesidades de su familia (una pequeña hija de un año, su esposa, un hermano menor y su madre).
Acceso a los militares
En cuanto a la falta de respuesta a su petición de entrevistar directamente a los militares del 27 Batallón, Beristain explicó que esta diligencia es clave en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.
La negociación para el acceso al batallón no se realiza directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional ya que, por mandato, los interlocutores del GIEI son la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
La solicitud fue presentada ya hace mes y medio. Inicialmente la PGR respondió que autorizaría dichas entrevistas si se realizaban “a través” de la procuraduría; posteriormente la misma PGR informó que esto “no era posible”. El grupo insiste “que no pidió entrevistar a los miembros del 27 Batallón través de la PGR sino de manera directa”. En su comunicado, el GIEI expresó que “espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con su mandato”.
Hay además otras solicitudes para poder entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que “según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre”.
Unificación del expediente
Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Jalisco y el Altiplano). Apuntan que de no unificarse la investigación podría perderse “la visión integral de los hechos” y se corre el riesgo de “pérdida de evidencia para los hechos conexos”.
Insistieron: “Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El GIEI considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la “conexidad” de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
