El consejero ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla urgió a que la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo estatal sea consensada y analizada por los diversos sectores de la sociedad, a fin de que tenga un enfoque más integral y garantista, ya que en el apartado de derechos humanos es insuficiente.
“Hay derechos que esa iniciativa de reforma no prevé, además de que debe contener medidas factibles para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, y debiera ser producto de un análisis y consenso de los diferentes sectores de la sociedad”, expresó el también especialista en derechos humanos.
En entrevista, Rodríguez Alamilla reconoció que la iniciativa de reforma a la constitución estatal es una propuesta con énfasis especial en el aspecto político-electoral, pero en el aspecto de los derechos humanos sus contenidos resultan insuficientes.
Puntualizó que dentro de la propuesta de reforma dada a conocer por el gobierno estatal el tema de los derechos humanos se reduce a un apartado y no se considera como un eje básico en la integración de la reforma.
El especialista en legislación sobre derechos humanos precisó que la iniciativa de reforma constitucional presentada por el poder Ejecutivo al Legislativo, retoma dos puntos importantes de la reforma a la constitución federal de junio del 2011, uno de los cuales es el conocido como “principio pro persona”, que va ligado a la cláusula de interpretación conforme.
El principio pro persona es definido por especialistas como un criterio que se aplica en el derecho internacional de los derechos humanos, por el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, y a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de limitar de manera permanente el ejercicio de los derechos o suspenderlos de manera extraordinaria.
Rodríguez Alamilla comentó que otro punto importante de la reforma constitucional propuesta es que, en el caso de la Defensoría del Pueblo, agrega o hace específica una atribución que tiene la institución para que, cuando un servidor público no acepte una recomendación que el organismo le dirija, tendrá que sustentar los motivos por los cuales rechaza la recomendación.
La recomendación es en la actualidad el recurso mayor de que dispone la Defensoría para evidenciar cuando una autoridad está vulnerando derechos humanos.
Rodríguez Alamilla agregó que la iniciativa de reforma constitucional incluye también temas tales como derechos de los pueblos y comunidades indígenas, si bien de manera general, y otros preceptos que tienen que ver con el derecho de réplica.
El Consejero Ciudadano expuso que dentro de esa iniciativa gubernamental quedan fuera varios derechos humanos, por lo cual subrayó que es la oportunidad para que dicha iniciativa asuma una serie de derechos que desde la Defensoría hace tiempo habían sido señalados como estratégicos y que necesitan ser fortalecidos con leyes más garantistas.
Por ese motivo, subrayó la conveniencia de que la iniciativa de reforma constitucional sea integral, con un enfoque de derechos humanos que permita una aplicación e interpretación más amplia. “Este es un momento oportuno para incluir un conjunto de derechos humanos en la constitución estatal que hasta el momento están rezagados, como los derechos económicos, sociales y culturales”, detalló.
Rodríguez Alamilla instó al Consejo Ciudadano de la Defensoría a aprovechar que la reforma constitucional del Ejecutivo estatal aún está en discusión, para enriquecerla con propuestas, además de que ese documento debe abrirse a discusión con agrupaciones de la sociedad civil, las cuales pueden aportar un análisis más específico del tema.
Al subrayar que el tema de derechos humanos siempre es progresivo, es decir, para avanzar, en este caso y en el tema específico de derechos humanos, la propuesta del Ejecutivo se debe fortalecer, pues le da prioridad al tema electoral y al de algunas otras instancias de gobierno, pero deja de lado el tema de las prerrogativas fundamentales de las personas.
“El tema no es menor, porque se supone que todo lo que se desarrolla en el ámbito de un estado, en una reforma constitucional, tendría que ver con la persona humana y, en este caso, con proteger derechos humanos”, puntualizó.
Rodríguez Alamilla recalcó que la iniciativa de reforma propuesta por el gobernador reconoce el tema de los derechos humanos pero no se explicitan en la normatividad: “considero que se observa una contradicción, la cual tendría que ser visibilizada y, en este caso realizar un análisis detallado y, quizá, conjuntar o enriquecer dicha iniciativa con una propuesta del organismo autónomo y la sociedad civil”.
Finalmente, destacó que el presidente del Consejo Ciudadano de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, giró instrucciones a la Dirección de Políticas Públicas del organismo defensor para que realice un proceso de comparación que permita un análisis desde el cual elaborar una propuesta de reforma constitucional con perspectiva de derechos humanos.
El Consejero Ciudadano subrayó que el ombudsman instruyó a dicha dirección de la Defensoría a generar un proceso de alianza estratégica con la sociedad civil, a fin de que en conjunto realicen una propuesta de reforma constitucional mucho más amplia y congruente con las necesidades de la población oaxaqueña.
