El Secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, encabezó este martes una mesa de trabajo con autoridades y habitantes de San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, y delegados federales, con la finalidad de dirimir por la vía del diálogo y búsqueda de acuerdo, la problemática en este municipio y con ello liberar la Carretera Federal 175 que permanece cerrada desde el 13 de mayo.
Gómez Sandoval señaló que si bien es cierto que la comunidad tiene todo el derecho de exigir lo que considera le corresponde, debe hacerlo por los cauces legales, toda vez que el conflicto agrario es competencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, al igual que de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Reiteró que a través de la instancia de conciliación ante los conflictos agrarios de SEGEGO, se brindará el acompañamiento jurídico a las autoridades y habitantes de San Miguel Suchixtepec, con la finalidad de generar la resolución que en definitiva deje saldado este problema.
“El Gobernador Gabino Cué reitera el apoyo a San Miguel Suchixtepec, ya que el objetivo es que sea reconocida como una comunidad agraria de hecho y de derecho como propietaria de las 153 hectáreas ahora en conflicto, pero también pide que tengan confianza en las instituciones agrarias competentes”, dijo el funcionario.
En reunión celebrada en Ciudad Administrativa contó con la presencia de los delegados del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, Rafael Alcaraz Lafarga y Francisco Javier Cañada Melesio, respectivamente, así como de la subdelegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Estela Hernández Vásquez, y la diputada federal Aída Fabiola Valencia Ramírez.
Durante el encuentro se expuso el estado en que se encuentra actualmente la superficie en conflicto y se explicaron las acciones legales que las autoridades de la comunidad pueden realizar ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), que es la instancia competente para conocer en la vía contenciosa sobre el reconocimiento y titulación de los bienes comunales de San Miguel Suchixtepec.
Acudieron también el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Mauricio Gijón Cernas; el Subsecretario de Fortalecimiento Municipal, Marcos Martínez Guzmán y el Subsecretario de Operación Regional, Rodrigo Velásquez García, así como el Presidente Municipal de San Miguel Suchixtepec, Ranulfo Ruiz Sánchez y una comisión de habitantes de la comunidad.
De igual manera, se planteó que es competencia de la SEMARNAT y de la PROFEPA, tener conocimiento en cuanto a la cancelación y/o autorización del aprovechamiento forestal concedidas a la comunidad, así como de los daños ocasionados a los bosques a esta zona.
En este sentido, la Secretaría General de Gobierno planteó realizar este miércoles una visita a la comunidad de San Miguel Suchixtepec con representantes de las dependencias federales, con el fin de dar a conocer en asamblea comunitaria el estatus del conflicto y los procedimientos jurídicos a seguir ante el Tribunal Unitario Agrario.
En la asamblea comunitaria de este miércoles participaron el Subsecretario de Operación Regional, Rodrigo Velásquez García; el Presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Mauricio Gijón Cernas y el conciliador agrario de la SEGEGO, Óscar Fernández Osorio.
En la reunión también estuvieron convocados representantes de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría General de la República (PGR), la PROFEPA, el RAN y la PA.
Cabe señalar que personal de la PROFEPA se comprometió a realizar nuevamente un recorrido de inspección en la zona en conflicto, con la participación de representantes comunitarios, nombrados exclusivamente por la asamblea para tal fin.
De acuerdo con autoridades comunales de San Miguel Suchixtepec, el conflicto se originó por una superficie de 153 hectáreas, en posesión de dos pequeños propietarios de nombre Joel Reyes Hernández y César Ramírez Güenduláin, quienes acreditan la propiedad con tres escrituras de compraventa, extensión que la comunidad reclama como suya por habérseles reconocido y titulado como sus bienes comunales en el mes de enero del año 2007.
