Congresos locales tendrán hasta el 5 de mayo de 2016 para armonizar la Ley General de Transparencia

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Con el anuncio por todo lo alto del presidente Enrique Peña Nieto de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Juan Gómez Pérez, abogado especializado en materia de acceso a la información desde hace ocho años, considera en entrevista.

“Esta ley es una avance, la historia de la transparencia en México no alcanza ni los veinte años, en Oaxaca se aprobó una ley de acceso a la información y transparencia hasta el 2008.”

Gómez quien ha participado en propuestas legislativas en la materia, cuenta que Ley general de Acceso a la Información, que apareció publicada el cuatro de mayo en el Diario Oficial de la Federación, no estaba inicialmente contemplada por el gobierno de Peña Nieto.

“Fue producto de un consenso entre el ejecutivo, el PAN y el PRD. Era un compromiso del Pacto por México, la idea era transitar a un modelo nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.”

Gómez coordina actualmente el departamento jurídico de la Asociación Mexicana de Acceso a la Información, capitulo Oaxaca.

“En el diseño y construcción de esta nueva ley hubo una participación de especialistas, no tanto una participación ciudadana abierta. Existió una importante intervención de instancias académicas y conocedores de la materia.”

Gómez apunta que, por principio de cuentas esta ley aumenta el número de sujetos obligados.

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) -ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI)- solo tenía competencia con las dependencias a nivel federal.

Hoy su competencia abarca autoridades a nivel estatal, municipal, además de organismos autónomos como los partidos políticos y los sindicatos.

Sobre estos últimos, Juan comenta que la nueva los determina a que de que den cuenta de los recursos públicos que reciben, y aumenta también las obligaciones en cuanto a la información que tienen que dar a conocer.”

Gómez cuenta que, la nueva ley se amplia de manera detallada en la obligación por parte de las instancias oficiales de transparentar no solo la utilización de recursos, sino también todo lo concerniente a la planeación, al cómo se construyen y se toman las decisiones.

“Desarrolla catálogos específicos para el poder legislativo y judicial. Desde tener certeza sobre que les podemos preguntar, o cual es la información que estos sujetos obligados tendrían que estar publicando a través de medios electrónicos.”

El abogado explica que, con la nueva ley se creará una plataforma electrónica a nivel nacional, para que sujetos obligados nacional, estatal y municipalmente, publiquen su información y la den a conocer.

“Esta ley busca dar parámetros o criterios para que poco a poco el solicitante acceda a un desglose pormenorizado de la información.”

“Se trata de que la transparencia no se detenga en ciertos niveles, sino que el ciudadano pueda tener un conocimiento de cómo está estructurada una institución.”

“Como se ejerce la planeación, de lo cual a veces se conoce poco. Se piensa que las instituciones son discrecionales o arbitrarias, pero estas obedecen a procesos de transparencia que ya están debidamente marcados.”

La nueva ley transparentara en teoría el cómo se realizan los programas, las reuniones que tiene que haber para se lleven a cabo y que funcionarios tienen que participar en ellas.

Transparentará el proceso de toma de decisiones y como estas llegan a ser evaluadas, y le da central importancia a los que Gómez llama “indicadores de gestión.”

“Son semáforos que deben tener todas las dependencias de gobierno para poder establecer si están caminando por el camino correcto.”

“Se trata no solamente decir si no estamos gastando más recursos en x o y rubro, sino también saber si esas inversiones están teniendo los resultados esperados.”

Para Gómez la nueva ley le permitirá al ciudadano ejercer una crítica informada de sus gobiernos y una autocrítica de los propios servidores públicos sobre como están haciendo las cosas.

“Si lo que funciona es aumentar el presupuesto o redistribuir el gasto.”

Gómez señala que, se está caminando también hacia una ley general de protección de datos personales.

Respecto a una ley de transparencia promulgada por un gobierno a cuyo titular el periodista latino Jorge Ramos le dijo en una premiación en Estados Unidos, “Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, es corrupción.”, Gómez considera.

“Estudiosos de la corrupción a nivel mundial señalan que la corrupción está ligada a la ciudadanía.”

Comenta el estudioso de la transparencia al mismo tiempo que lamenta la ausencia de reformas legales que puedan sino erradicar, si por lo menos disminuir los actos de corrupción.

Gómez apunta hacia otro flanco abierto en esta nueva ley de transparencia, la de la profesionalización. Asegura que, la transparencia es un campo especializado en materia de derecho y administración pública.

“Se necesita profesionalización. Hay que decir que no ha habido avances para organizar adecuadamente los archivos, digitalizarlos, hacer uso de la nueva tecnologías para facilitar la consulta.”

“Que los servidores públicos puedan gestionar su información tanto en medio físico como electrónico, requiere también capacitación.”

“A nivel nacional no tenemos una cultura archivística. La función de un archivista es visto como un estatus menor.”

Gómez esta cierto de que la nueva ley establece parámetros y criterios mínimos que le permitirán a los ciudadanos tener la certeza de que, serán tratados con igualdad de condiciones en su afán de ejercer su derecho a la información.

“Hay que estar conscientes que la realidad no cambia automáticamente, el éxito que pueda tener una nueva legislación es que siga un proceso exitoso de implementación.”

Por tratarse de una Ley General, los Congresos locales tendrán hasta el cinco de mayo de 2016 para armonizarla con las Leyes estatales en la materia.

El entrevistado señala finalmente que, “al ser un modelo nacional”, habrá un reparto de competencias para hacer valer esta nueva ley, entre el INAI y el órgano garante estatal de la transparencia, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez (COTAIPO).