La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez tras acreditar detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos durante la marcha del primero de mayo de 2013.
El organismo defensor acreditó violaciones a los derechos a la libertad y seguridad personal en perjuicio de más de 30 personas detenidas durante la manifestación del primero de mayo de ese año, a la cual convocó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El punto de partida de esta movilización fue la sede del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) para dirigirse al zócalo de la capital, donde culminarían con un mitin.
La manifestación tuvo participación de integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), organizaciones de la sociedad civil y maestros. Dentro del contingente un grupo comenzó a realizar pintas y destrozos en algunos centros comerciales; en el cruce de las calles Héroes de Chapultec y Avenida Juárez, un grupo de encapuchados agredió a un policía vial municipal, además de causar destrozos a un restaurante, lo que provocó la intervención de más elementos de la policía municipal y estatal.
Debido a la intervención de más elementos de la policía en un operativo para contener los actos posiblemente delictivos, elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez realizaron disparos de arma de fuego. Un agente inclusive disparó en forma casi directa contra una persona defensora de derechos humanos, cuando ésta le cuestionó el haber realizado varios disparos al aire.
En la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo de Oaxaca se comprobó que la mayoría de las detenciones hechas por la policía municipal y estatal ocurrieron cuando las personas detenidas (entre ellas, al menos siete menores de edad) fueron confundidas con las personas que realizaban hechos probablemente delictivos.
La Defensoría constató que las y los detenidos no fueron informados de las causas de su arresto; tampoco fueron presentados con la inmediatez que requiere la ley ante la autoridad competente, pues entre su detención y presentación ante el agente del Ministerio Público pasaron de ocho a diez horas.
Además, algunas de las personas detenidas señalaron que estaban de forma circunstancial en el lugar de los hechos, lo cual corroboró la Defensoría, pues algunos iban pasando, y una persona estaba en la parada de autobuses cuando cuatro elementos policiales le preguntaron si había participado en la marcha. Pese a que la persona explicó el hecho a los uniformados, éstos la golpearon y lanzaron contra la pared, lesionándole la cabeza.
La Defensoría recogió el testimonio y pruebas de seis personas más que fueron detenidas mientras estaban refugiadas en una iglesia tras haber escuchado los disparos. Sin importarles la explicación que esos ciudadanos ofrecieron, los elementos de la policía entraron al recinto a detenerlos y golpearon en la cara a uno de los civiles.
La institución autónoma comprobó que se violentaron los derechos de dos personas defensoras de derechos humanos. Una de ellas, integrante del colectivo Código DH-Gobixha, estaba documentando la manifestación y fue detenida por elementos de la policía municipal pese a que acreditó su presencia en la marcha.
Otro defensor agredido fue I. T. C., quien asistió para monitorear marchas y mítines como parte de sus actividades en defensa de derechos humanos. Mientas acompañaba al contingente a la altura del paseo Juárez-El Llano, escuchó disparos y vio que elementos de la policía municipal y estatal detenían a personas de forma indiscriminada.
El defensor I. T. C., en medio del tumulto, observó a uno de los elementos dirigirse hacia él. A una distancia de casi diez metros, el agente empuñó un arma y disparó hacia el suelo muy cerca de donde estaba el civil, lo cual evidencia uso desproporcionado de la fuerza.
Debido a estos hechos, la Defensoría recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que investiguen de manera pronta y exhaustiva los hechos atribuidos a los elementos de la Policía estatal y de la policía municipal, para que en los casos pertinentes se inicie la averiguación previa que corresponda.
El organismo defensor también pidió iniciar el proceso administrativo que corresponda y aplicar la sanción disciplinaria precisa a quienes participaron en estos eventos. La institución autónoma también pidió que las autoridades reparen los daños provocados a las y los agraviados por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza.
La Defensoría requirió a amabas autoridades generar protocolos de actuación respecto al manejo de multitudes, para que los operativos aplicables en actos similares al ocurrido en 2013, empleen medios pacíficos de disuasión, sin un uso excesivo de la fuerza.
Además, el organismo público requirió que las personas que sean detenidas por posible comisión de algún hecho delictivo sean presentadas de forma inmediata ante la autoridad competente.
Como medida de no repetición, la Defensoría pidió que los elementos de la policía estatal y municipal se capaciten en materia de derechos humanos, y se les requirió que reconozcan su responsabilidad como una forma de reparar el daño a las víctimas.
