El gobierno mexicano debe mantener la disciplina presupuestaria, fortalecer el marco macroeconómico, controlar la inflación, fortalecer el sector externo con apoyo del régimen cambiario flexible, cuentas externas sostenibles y libre movilidad de capitales si no quiere quedarse rezagado de la recuperación económica frente a otros países, advirtió el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens.
En la inauguración de la Conferencia Anual sobre Economía del Desarrollo, en la que también estuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el titular del banco central también hizo notar lo imprescindible de impulsar la etapa de implementación de las reformas estructurales llevadas a cabo desde 2013 para impulsar el crecimiento económico del país.
“México no ha concluido su proceso de transformación, sino que inicia una etapa difícil, que es la implementación de las reformas estructurales”, dijo Carstens Carstens.
Sin embargo, en su oportunidad, Videgaray Caso afirmó que esa implementación de las reformas estructurales “no es hacer magia con la economía ni tampoco son un instrumento para sobrellevar el ciclo económico, sino un proceso que requiere de disciplina, tenacidad para lograr que los beneficios de un aumento en la productividad, su flexibilización y una mayor competitividad se traduzcan en beneficio para todos; no son un instrumento del ciclo económico, ni de estímulo de la demanda agregada, es un trabajo por el lado de los ekementos estructurales de la economía y la oferta para lograr una mayor productividad y para lograr un mayor crecimiento económico”.
La conferencia sobre Economía del Desarrollo forma parte de los trabajos del Banco Mundial hacia la reunión cumbre que se realizará en Lima, Perú, este mismo año.
En ella el gobernador del Banco de México hizo notar también la necesidad de fortalecer el estado de derecho en el país. Un estado de derecho débil, precisó, genera altos costos para la economía al aumentar la incertidumbre en las interacciones cotidianas y en las transacciones económicas al inducir una reasignación de recursos privados a la protección de bienes y personas y al retrasar la impartición de la justicia.
