Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer los ataques de los últimos días en contra de al menos 200 migrantes indocumentados en distintos puntos del territorio nacional.
Luego de destacar que las denuncias por secuestro de migrantes pasaron de 62 a 682 en un año (de 2013 a 2014), la organización internacional pidió al gobierno de México que garantice la seguridad de los sobrevivientes de ataques armados e instrumente operativos para localizar al menos a 130 personas que se encuentran desaparecidas.
En un comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, sostuvo que el país representa “una trampa mortal para las personas migrantes” por la existencia de bandas criminales que los acechan y atacan “por unos cuantos dólares” ante la complacencia de autoridades estatales y federales, “más ansiosas por expulsar a gente que por salvar vidas”.
Tras preguntar “cuántas vidas tendrán que perderse antes de que las autoridades despierten y decidan actuar”, Guevara Rosas recordó que el pasado viernes 12, en Los Choapas, Veracruz, hombres armados con pistolas, escopetas y machetes atacaron a un centenar de migrantes que viajaban en La Bestia, el tren que atraviesa México de sur a norte, no sin antes exigirles dinero.
De acuerdo con testimonios recabados por la organización entre autoridades migratorias, 44 centroamericanos lograron huir del ataque y se refugiaron en una comunidad cercana, de donde fueron llevados a una Estación Migratoria y desde ahí “se han puesto en contacto con sus consulados para considerar sus opciones, que pueden incluir regresar a casa, obtener un visado humanitario para México o, en algunos casos, solicitar asilo”.
En este grupo de migrantes, donde hay cinco niños, un hombre fue herido por impacto de bala y otros dos resultaron lesionados.
Según AI, “algunas de las personas migrantes están considerando la posibilidad de declarar ante las autoridades en relación con el ataque, pero otras tiene demasiado miedo para hacerlo”, y hasta el momento las autoridades competentes “no han dado información sobre las acciones emprendidas para buscar al resto del grupo o investigar el delito”.
A este ataque se suma otro ocurrido el pasado martes 2 contra un grupo de 120 migrantes centroamericanos en el estado de Sonora, luego de que el vehículo en el que viajaban se averió.
Amnistía Internacional precisó que los centroamericanos fueron agredidos a balazos por un grupo de hombres vestidos con trajes tipo militar. Al menos 13 personas escaparon y encontraron refugio.
Dos días después, personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora encontró tres cadáveres y dos vehículos quemados en el lugar donde se produjeron los hechos.
En cuanto a los 13 migrantes, solicitaron el retorno a sus países de origen tras vivir “una experiencia traumática”, sin que hasta el momento las autoridades informen “sobre los responsables del ataque y la suerte que corrieron los sobrevivientes, muchos de los cuales siguen desaparecidos en el desierto o se teme que hayan sido secuestrados por las bandas delictivas”.
Guevara Rosas resaltó que el registro de secuestros de las personas migrantes se ha incrementado en los últimos años, y subrayó que AI “ha documentado en el pasado una falta generalizada de investigación de los delitos cometidos”.
La defensora exigió al gobierno mexicano emprender una búsqueda inmediata de las personas que se encuentran perdidas en el desierto de Sonora o en manos de bandas criminales.
De igual manera, llamó a las autoridades a dar garantías a las personas que han sido rescatadas e iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes, y asegurarse de que los responsables enfrenten la justicia.
“Cualquier otra cosa sólo servirá para poner a más migrantes en peligro”, soltó.
La defensora también pidió que las autoridades brinden “atención adecuada como víctimas de delitos graves” a los sobrevivientes, “incluida la atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientras tramitan una denuncia penal”.
