La Defensoría de los Derechos Humanos emitió medidas de protección dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos, a fin de pedir garantías de protección y respeto a las prerrogativas fundamentales de 37 personas migrantes detenidas el 20 de junio último en la comunidad ocoteca.
El organismo inició de oficio el expediente DDHPO/897/(16)/ OAX/2015 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos de 37 personas migrantes detenidas en la comunidad de Ocotlán de Morelos. Para cumplir este procedimiento, personal del organismo se trasladó hasta esa población para entrevistarse con las y los migrantes afectados.
El síndico único municipal de Ocotlán informó a los dos visitadores de la Defensoría que la detención de estas personas se realizó después de que recibieron una llamada en la que les pedían su intervención, porque unas personas escandalizaban en las inmediaciones del CBTIS de la comunidad.
El síndico ocoteco agregó que autoridades municipales se trasladaron hasta el lugar, donde detuvieron a 37 personas migrantes que fueron trasladadas a la ciudad de Oaxaca de Juárez para ser puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia estatal.
Con estos datos, el personal de la Defensoría se trasladó a la Procuraduría. Allí, los visitadores encontraron el autobús de la línea Automorsa en el que se trasladaban las y los migrantes, pero al querer entrevistarse con estas personas, el Director de Seguridad y Vialidad de Ocotlán les negó el acceso al vehículo dónde estaban retenidas, argumentando que debían esperar al personal de la PGJE.
La Defensoría documentó mediante sus visitadores que las 37 personas migrantes, después de ser retenidas en la comunidad de Ocotlán por la policía municipal con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de elementos de la Policía Estatal, fueron trasladadas primero a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En esa Procuraduría no quisieron recibir a los detenidos por considerar que no había delito que perseguir, por lo que los pasajeros del autobús fueron trasladados por las autoridades municipales al Instituto Nacional de Migración.
Durante este lapso, los representantes de la Defensoría pudieron entrevistarse con las personas migrantes, quienes les narraron que cuando viajaban dentro el autobús fueron interceptados por posibles elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes los llevaron al baratillo de Ocotlán.
En este sitio, relataron, los amagaron con armas de fuego y les pusieron como condición para liberarlos que proporcionaran a sus captores mil pesos por cada persona, pero como los migrantes no completaron esa cantidad, los agresores llamaron a la autoridad municipal.
Al terminar las entrevistas con los visitadores de la Defensoría, las mujeres y los hombres migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde el personal tampoco quiso recibir a las y los retenidos porque las autoridades municipales no presentaron certificados médicos, por lo cual les indicaron regresar a estas personas al municipio donde fueron detenidas.
El personal de la Defensoría señaló al Director de Seguridad y Vialidad de la comunidad de Ocotlán que el tener retenidas a las personas migrantes podría constituir una violación a sus derechos humanos, al no haber ningún delito que ameritara su detención.
El funcionario municipal argumentó que únicamente estaban brindándoles apoyo a estas personas y, como por el momento no tenían ningún médico que hiciera la certificación, trasladarían a las y los retenidos al DIF municipal de Ocotlán para que allí los albergaran.
Ante estos hechos el organismo emitió el 21 de junio último medidas cautelares dirigidas a la PGJE para que un agente del Ministerio Público hiciera cesar el acto de privación de la libertad del que estaban siendo objeto las 37 personas migrantes. Además, la Defensoría pidió a la Procuraduría que los servidores públicos involucrados en los hechos descritos rindan un informe detallado al respecto.
El organismo autónomo, con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos, pidió a las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos que las 37 personas migrantes que se encontraban detenidas en ese municipio fueran dejadas en libertad de forma inmediata. Además, el personal defensor requirió a las autoridades municipales que rindan un informe sobre lo ocurrido a las y los migrantes la noche del 20 junio del 2015.
Además, la Defensoría solicitó la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe al organismo sobre el conocimiento que tenga de estos hechos y explique detalladamente el grado de intervención en los mismos a fin de integrar un expediente de queja.
Finalmente, el mismo 21 de junio por la tarde, las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración a las personas migrantes, para que el INM realice el proceso que corresponde respecto a la situación migratoria de las personas y su estadía en nuestro país.
