Durante la sesión pública ordinaria del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el defensor Arturo Peimbert Calvo dio lectura a diversas recomendaciones de la DDHP, donde destacaron un conflicto de origen electoral que se dio en el municipio de Flores Magón , donde dos personas perdieron la vida y otras más fueron lesionadas, en hechos ocurridos el 14 del diciembre del 2014.
La Defensoría llamó a realizar mesas de diálogo para recomponer el tejido social, además el funcionario mencionó otras recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP, mencionando el caso de un preso que fue luxado en el cuello por un celador, y por el que la DDHPO le pide a las SSP que se le pague la cirugía correspondiente, así como revisar los perfiles de los custodios y no llevar a cabo traslados de reclusos a diferentes penales sino tienen permiso para ello.
Peimbert comentó que, algunas reclusas del penal de Tanivet iban a ser trasladadas al penal de Tehuantepec, pero que reclusos de esta prisión han interpuesto quejas alegando conflictos de intereses.
El Defensor calificó al sistema penitenciario del estado como una pesadilla, con autoridades que no tienen el propósito de mejorar nada, y al caer en una cárcel oaxaqueña como “un infierno”.
Sara Pilar Méndez, consejera de la DDHPO, señaló que en cuanto a recomendaciones la SSP sigue llevando la delantera, llamado a reforzar una capacitación en derechos humanos para los policías que signifique la certeza de garantías de no repetición.
“Lo que hemos visto es los recursos para la capacitación no tienen tanto resultado”. Comento Méndez y llamo a la Defensoría a afinar los dientes en sus recomendaciones.
“No tenemos presupuesto para capacitar instancias del estado” respondió Peimbert y propuso el un convenio para que los contenidos de capacitación de los elementos de la SSP, sean sugeridos por la Defensoría, incluso llegando también a proponer un perfil para los capacitadores .
El también consejero, Bernardo Rodríguez Alamilla exigió más eficiencia de la DDHPO en sus recomendaciones.
“Si las recomendaciones se siguen dando, quiere decir que hay algo que no está funcionando”.
Mencionó que personal de Tránsito Municipal continúa con su práctica de retener placas y licencias, medidas que resultan coersitivas y ausentes de legalidad.
“No hay sensibilidad de los funcionarios, se cambia uno, llega otro y siguen haciendo lo mismo. Le apuestan a que el ciudadano se canse”.
“La institución llámese municipio, llámese gobierno del estado debe ser más sensible en esta cuestión”.
Peimbert expresó que, se debe empezar a explorar un beta jurídica para proponer un recurso de inconstitucionalidad con las leyes que le dan a los cuerpos de seguridad pública la permisibilidad para llevar a cabo este tipo de acciones.
Por su parte Pedro Matías, también consejero de la DDHPO, habló sobre los desplazados de San Juan Cotzocón, y sobre el año que ha pasado desde las recomendaciones que se emitieron sobre los peligros a su integridad personal con las cuales no ha pasado nada.
Matías declaró que, la instancia de última resolución de la DDHPO, conocida como Sala Constitucional “no funciona y es un elefante blanco”.
“No fue creada para ser mesa de colocaciones, con su inacción solo se consienten las violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte Peimbert comentó que, hay un criterio de efectividad en la Sala Constitucional que marca que las personas que acuden a ella, deben ir primero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“No estamos de acuerdo con ese criterio porque nunca va a ser usada la Sala Constitucional y su propósito será inocuo”.
“Hace otras cosas, pero no resuelve nada”. Complementó Sara Pilar Méndez en el análisis, por lo que Matías Arrazola concluyó en que si esta no se puede componer, la DDHPO debe pedir su desaparición.
“Hay que quitarle la fachada al gobierno estatal de que es un gobierno de derechos humanos , pues solo crea instancias para que estas no funcionen pero que le sirven para pararse el cuello en su imagen a nivel internacional”.
En un afán conciliador, Peimbert propuso que sea el Tribunal Superior de Justicia, el encargado de lanzar una campaña para promocionar el uso de la Sala Constitucional entre la ciudadanía.
