El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó este jueves el último bloque de amparos en contra de la reforma educativa, luego de seis sesiones en que analizó la constitucionalidad de la evaluación de los docentes.
Prácticamente sin discusión y en 35 minutos, los ministros desecharon uno a uno el último bloque de demandas en contra de diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, al término de la sesión, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, anunció que recibió una solicitud para que el máximo tribunal atraiga más amparos, antes de que el grueso de las demandas sea resuelto por tribunales colegiados, con base en los criterios que estableció el pleno en la resolución de 26 amparos.
Aguilar precisó que analizarán la petición, aunque advirtió que ésta procederá en caso de que los recursos impugnen temas diferentes a los que ya revisó la Corte en las últimas seis sesiones.
El pleno validó en sus términos la reforma educativa, la cual fue impugnada en amparos colectivos e individuales por miles de docentes, con lo que se ratificó que la evaluación de los maestros es obligatoria, que si no pasan ésta después de tres intentos serán reubicados y no podrán dar clase ante grupo (los que cuenten con nombramiento definitivo) y que serán despedidos los que tengan nombramiento provisional; que el sindicato magisterial no podrá intervenir a favor de los maestros cuando reprueben su tercera evaluación y que la presentación de los exámenes de evaluación es obligatoria.
La Corte estableció también que los maestros afectados tendrán 10 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda y que en caso de un fallo favorable, tendrán la posibilidad de impugnar judicialmente la decisión.
