El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias en relación con la muerte de 22 personas, durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.
“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntasejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, señaló.
Afirmó que “la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”.
El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones.
“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”, sostuvo.
Después de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer una orden militar del 102 Batallón de Infantería para “abatir criminales en la oscuridad”, que pudo haber provocado la masacre de la Tlatlaya, sostuvo que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser en lo mínimo.
Indicó que las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”.
Esta responsabilidad, aseguró, incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”
