El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la imposición de 130.9 millones de pesos de multas a todos los partidos por la comisión de diversas irregularidades en el financiamiento de sus campañas. El PVEM, con 60.8 millones de pesos, concentró casi el 50 por ciento del total de las sanciones para campañas federales. De igual forma, por un solo voto, se rechazó la pretensión de que los recursos de campaña que los partidos no gastaron sean devueltos a la Federación.
La culminación del proceso de fiscalización en el plazo legal establecido generó un largo debate sobre el manejo financiero de los partidos en el plano general. Mediante un engrose, el INE redujo las multas con respecto a las contempladas en los dictámenes originalmente distribuidos.
Con los ajustes aprobados, en el plano federal las sanciones fueron: PAN 3.3 millones de pesos; PRI, 887 mil pesos; PRD, 3.7 millones de pesos; PT, 10.8 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, 13.7 millones de pesos; Nueva Alianza, un millón de pesos; Morena 10.2 millones de pesos; Humanista 12.6 millones de pesos, Encuentro Social 3.6 millones de pesos. Coalición PRI-PVEM 4.4 millones de pesos y PRD-PT 5.3 millones de pesos.
Más allá de las diversas perspectivas de los consejeros sobre el ejerciciod e la fiscalización, el debate sobre el ejercicio del gasto de las campañas federales se centró en la pretensión, incluida en el dictamen, de que el INE revise el saldo final y determine que los partidos devuelvan todos los recursos que les fueron asignados para gasto electoral y que no fue ejercido, puesto que esos recursos solo pueden ser legalmente destinados al financiamiento de campaña.
El consejero, Benito Nacif reivindicó la propuesta: “si el INE continúa con la tradición de permitir que los partidos políticos conserven el financiamiento de campaña no utilizado, seguirá entonces consintiendo que se destinen a un fin distinto a aquel para el cual se le otorgaron a los partidos políticos. El reembolso del financiamiento de campañas no utilizado, no tiene sólo una sólida fundamentación jurídica, sino además es una medida que promueve el comportamiento financiero responsable de los partidos políticos y fortalece el sistema de fiscalización”.
En principio, la propuesta fue respaldadas expresamente por los consejeros Javier Santiago y Beatriz Galindo quienes consideraron que de las diversas disposiciones legales y criterios jurídicos, se desprende la pertinencia de que los partidos devuelvan los recursos de campaña que no utilizaron.
En contraparte, el consejero que preside la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama quien señaló que “no hay ninguna disposición expresa que obligue a los partidos a reintegrar esos montos de existir, y el INE tampoco tiene atribución para retirar esos recursos. Por el principio de certeza es incorrecto que la autoridad genere disposiciones para las campañas cuando las mismas ya concluyeron, e inauguren normas a aplicar con retroactividad en perjuicio de los sujetos regulados.”
Por su parte, el cosnejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, también argumentó en que era jurídicamente complejo e inviable la posibilidad de que los recursos se devolvieran. A esta postura se sumaron otros consejeros, como Enrique Andrade quien señaló que la autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le está determinado en la legislación y no puede ir más allá.
Murayama, celebró el saldo de la fiscalización pues las faltas más frecuentes de los partidos políticos y candidatos, consistieron en omitir, registrar gastos, y en no comprobar egresos. Los problemas fueron en la en la salida no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos, puede decirse que las campañas se financiaron con dinero limpio.”
Hizo un largo desglose del saldo de la fiscalización: de los dictámenes se acredita que el 90 por ciento de los recursos utilizados por los partidos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes, tuvieron origen público en las campañas federales; en las locales los recursos públicos representaron el 82 por ciento de los ingresos.
Murayama mencionó que las sanciones que surgen de las irregularidades de los partidos ascienden a 392 millones de pesos; 131 en el ámbito federal y 261 en las Elecciones Locales.
Su conclusión optimista encontró una postura crítica por parte de la consejera, Pamela San Martín quien lanzó varios cuestionamientos a los cimientos de la fiscalización, moitvo por el cual solicitó la devolución de los dictámenes para una investigación exhaustiva de diversos rubros.
Explicó que de los dictamenes nopermiten una consolidación nacional de ingresos y gastos, como tampoco la identificación de aquellos que beneficiaron a más de un candidato ni constatar que esos recursos involucrados se hayan sumado a los gastos de campaña de los candidatos involucrados.
San Martín censuró que el INE no contara con una base de datos única y final sobre el monto y origen de los ingresos, así como el monto y destino de los gastos; se imite realizar investigaciones exhaustivas y, con ello, que la Unidad Técnica de Fiscalización ejerza sus facultades a plenitud para confirmar operaciones con terceros como con autoridades fiscales y bancarias.
“No debemos aceptar el hecho de que las llamadas fuentes externa de información estén virtualmente ausentes de la labor fiscalizadora. La eficacia del nuevo modelo de fiscalización descansa en el cumplimiento estricto de los tiempos y condiciones establecidos en nuestras normas, así como en el ejercicio pleno de las atribuciones conferidas a esta autoridad”, dijo San Martín.
En su oportunidad, el consejero presidente, Lorenzo Córdova exaltó el trabajo del INE como la fiscalización “más grande de la historia”y el “más robusto” a nivel mundial, por el volumen de recursos revisados y el plazo en que fue realizada. En el marco del elogio que a la fiscalización de gastos, señaló que existen oportundidades de mejorar para perfeccionar el sistema de contabilidad en línea, eliminar el registro de operaciones fuera de este sistema y que exista mayor rigurosidad en el registrod e las mimas para evitar cuellos de botella.
