Pasaron tres años y siete meses para que el Estado mexicano pusiera punto final a las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo 139/11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado a conocer al gobierno mexicano en octubre de 2011 ante la solicitud de dos ex integrantes de las Fuerzas Armadas dados de baja de manera involuntaria por ser VIH positivos.
En un acto público celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, como parte de las obligaciones señaladas por parte de la CIDH hacia el Estado mexicano, el secretario de gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Constitución Política manda la protección, la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
De acuerdo con el funcionario, México respeta las decisiones de la CIDH, y por esa razón, afirmó, ha cumplido con lo establecido en el Informe de Fondo, entre ello, la realización de este acto público denominado así como la restitución de los implicados a las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de su pensión en el retiro, la restitución de los salarios caídos durante el tiempo que fueron dados de baja, el acceso a servicios médicos
Asimismo, reconoció el valor de J.S.C.H. y de M.G.S. por el valor tenido para afrontar la situación.
“La discriminación y la intolerancia no sólo se combaten en los discursos sino que las fallas que se cometieron en el pasado deben servir como bases para construir una sociedad de derechos más sólida para que sin distinción las personas puedan acceder a una vida digna”, señaló Osorio Chong.
Larga lucha
Para Pedro Morales Aché, el acto de este día significa el fin de una etapa de lucha de más de 18 años, en la que, muchos integrantes de las fuerzas armadas, sin comprender el por qué una institución a la que le habían dado lealtad, les privaba de continuar sirviéndole, y debían entablar una lucha judicial en su contra en la búsqueda de acceder a satisfactores básicos como la salud y el alimento.
De acuerdo con el titular de Medilex y quien llevo ambos casos, los militares viviendo con VIH se vieron obligados realizar una reivindicación de sus derechos y su principal mérito fue que dieron lucha en defensa de los derechos humanos de los integrantes de las fuerzas armadas y lograron su pleno reconocimiento como personas.
Por esa razón, añadió, el Estado está en deuda con ellos, ya que fueron discriminados, estigmatizados, marginados y excluidos.
“La permanencia de los militares viviendo con VIH en las fuerzas armadas, plantea nuevos retos y dilemas para el debido respeto de sus derechos humanos”, acotó.
Durante su intervención, Graciela Rodríguez, abogada de Estrategia de Litigio de Derechos Humanos señaló que con este acto, el Estado mexicano se compromete a no discriminar más, por motivos de salud, a ninguna persona, pertenezca o no a las fuerzas armadas.
Para la abogada, el reto consiste en saber si este compromiso asumido por el Estado mexicano, a través del acto, será asumido por las y los integrantes del Ejército mexicano, quienes, resaltó, estuvieron ausentes en el presídium, a pesar de que los actos discriminatorios fueron cometidos por su propio personal a sus propios integrantes.
Además, comentó que la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) sigue sin establecer un criterio médico a fin de reducir el margen de discrecionalidad de las autoridades médicas de las reforma a algunos artículos, lo que se ha traducido en la práctica en seguir impidiendo a militares VIH positivos participar en las promociones para ascender de grado.
Preguntó si hay un compromiso por parte del Ejército o del Ejecutivo para proponer una nueva reforma que elimine este tipo de discriminación. Ese compromiso, afirmó, será la única garantía de que estos actos de discriminación no vuelvan a repetirse en el seno militar y que sus contribuyan a la construcción de una mejor sociedad.
Las recomendaciones
El Informe de Fondo 139/11 estableció como parte de sus recomendaciones que se restituyera a J.S.C.H y de M.G.S, a las áreas del Ejército donde trabajaban al momento de ser dados de bajo. Como ambos ya habían superado los 20 años de servicio, pudieron retirarse con una pensión económica de por vida.
A los dos se les pagaron todos los salarios caídos desde el momento de su baja hasta su restitución. A ambos se les restituyó el acceso al servicio médico y a medicamentos antiretrovirales.
Asimismo, en octubre de 2014 se modificaron algunos artículos de la Ley del ISSFAM a fin de que los militares con VIH no sean dados de baja sino reclasificados.
