Eran cerca de las cinco de la madrugada del 7 de julio. No hubo disparos. Sólo se escuchó que llegaron los militares por unas escalinatas laterales de los tres cuartos que recién habían rentado unos jóvenes. No se sabe porqué los “levantaron”, sólo quedó en la memoria que ese día desaparecieron cinco hombres y dos mujeres, relatan con temor algunos vecinos de la calle Francisco I. Madero.
Nadie quiere dar su testimonio. No quieren meterse en problemas “porque hablar mal o bien de un lado o del otro puede traernos problemas, además nosotros tenemos familia y vivimos aquí”.
Únicamente un matrimonio de la tercera edad relata que tres semanas antes de la desaparición dos mujeres (una muy joven y otra entrada en los treintas) preguntaron por los cuartos para alquilarlos y pagaron mil pesos de mensualidad.
Desde entonces, ellos veían que llegaban esas mujeres y otras más, algunas con niños, así como algunos hombres. A veces llegaban en camioneta. Jamás supieron ni sus nombres ni a qué se dedicaban, porque —dicen— nunca piden referencias a sus inquilinos, ya que la mayoría son de Calera.
Recuerdan que antes de que se los llevaran, el grupo estaba de fiesta.
Ahora, los cuartos lucen abandonados, hay ropa por todas partes, una cama en cada recamara, así como un pequeño espacio que hace las veces de cocina y comedor, de donde se desprende un olor fétido.
Entre la ropa se ven botellas de cerveza, un machete y un cuaderno, que en la portada tiene la leyenda “Libreta de oraciones de Mi Santa Muerte”.
La finca cobró relevancia cuando en la fachada fueron colocadas mantas con las fotografías de los siete desaparecidos: Germán Martín García González, de 26 años, quien hace un año se dio de baja del Ejército, ya que presuntamente tenía enemistad con el coronel Martín Pérez Resendiz.
También estaban los rostros de Daniel Venegas, de los menores Fernando José, Guillermo y Víctor Hugo, así como de Beatriz Hernández y Alejandra Rocha Montes.
Familiares de los siete interpusieron denuncias por las desapariciones ante la PGR en Fresnillo; fueron con el destacamento de la Marina y Patricia Cisneros —madre de una de las víctimas— acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 16 de julio hicieron la denuncia en el Congreso local. En un primer momento dijeron que sus familiares eran jornaleros, después reconocieron que algunos eran desempleados o trabajaban “aquí y allá, en lo que saliera”.
El pasado 17 de julio aparecieron cuatro cuerpos, cerca de la presa de la comunidad La Tesorera, municipio de Jérez y, un día después, otros tres. Los resultados de las pruebas genéticas confirmaron que eran ellos.
Los cadáveres fueron entregados a sus familiares, en presencia del personal de la segunda visitaduría de la CNDH.
Exigen justicia. Víctor Hugo, de 16 años, era de Calera y lo velaron en la funeraria Sagrado Corazón. Patricia Cisneros, madre del menor, en todo momento culpa al coronel Martín Pérez Reséndiz de la muerte de su hijo.
De complexión delgada, de cabello corto y carácter fuerte, se molesta cuando se le cuestiona a qué se dedicaba su hijo, pero, responde.
Dice que estuvo un tiempo con una tía en Sinaloa y tenía poco en Calera y, añade, “no importa a lo qué se dedicara. Fuera malo o bueno, él o los demás, los militares no tenían por qué haberlo matado como animal. Lo torturaron, lo destrozaron”.
A la par, en una humilde casa se realizó el funeral de Alejandra. Enmedio de los cirios corren dos niños, son los hijos que dejó huérfanos Alejandra, de 18 años, quien era madre soltera.
Lucero y Juan, padres de Alejandra, apenas pueden hablar por el dolor. No conocían a esos amigos ni sabían a qué se dedicaban. Sólo sabían que su hija estaba buscando empleo.
Entre sollozos, don Juan pide justicia por la muerte mi hija y añade: “Siento mucho dolor, no creía que los militares se la hubieran llevado”.
Con el hallazgo de los cuerpos se termina la búsqueda de los desaparecidos, pero en la investigación de la PGR se ha optado por mantener el sigilo, caso del que se sabe que hay cuatro militares detenidos.
