Con motivo del XVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, el Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México presentó su Informe Anual 2014, en el cual, identificó, como cuatro, los principales problemas a los que se enfrentan las y los trabajadores sexuales en México: la represión, la discriminación, el despojo y la explotación de las trabajadoras sexuales y mujeres transgénero que laboran en el sexo, así como de personas de diferentes edades que fueron tratadas con fines sexuales.
Dicho Informe, elaborado por integrantes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” y de más de una docena de organizaciones, colectivos y cooperativas de personas dedicadas al trabajo sexual en diferentes partes de la República Mexicana, considera las actuaciones de los distintos niveles de gobierno municipal, estatal y federal, así como diferentes situaciones que permiten inferir algunas políticas empresariales en la industria del espectáculo y la diversión o sexual y las diferentes respuestas gremiales de quienes trabajan en el sexo.
De acuerdo con el texto, redactado por Jaime Alberto Montejo de Brigada Callejera, algunas políticas públicas y reformas legislativas contra la trata de personas han provocado la extorsión de más de 400 trabajadoras sexuales en Puebla, capital, a quienes policías municipales y estatales les cobran 50 pesos diarios, lo que generó el año pasado una recaudación ilegal de más de cinco millones 760 mil pesos.
Asimismo, señala el documento, dichas leyes han sido tan restrictivas que han ocasionado la prohibición del uso de edecanes “violando el derecho al trabajo de este sector de prestadoras/es de servicios y coaccionando el derecho a la libre publicidad de los negocios que hacían uso de dicho recurso humanos” y la clausura de bares, cantinas, centros nocturnos, cuarterías, casas de cita y hoteles en Chiapas, Oaxaca, Puebla, D.F., Estado de México, Ciudad Juárez, Chihuahua y Cancún, Quintana Roo, entre otras partes, lo cual, argumenta el informe, provoca prostitución clandestina.
También se ha prohibido el baile erótico y otras actividades que atenten “contra la dignidad de las personas y fomenten el vicio” en las constituciones estatales de Chiapas y Guanajuato; sumándose a Coahuila. En el Estado de México, dicha prohibición sólo se realizó en una ley relativa a establecimientos mercantiles y código penal. Por otro lado, la criminalización del personal que labora en bares, cantinas, sex shop y otros negocios donde las autoridades presumen la existencia de transacciones sexuales remuneradas, continuó en el D.F. y Puebla.
Las autoridades
Por otra parte, el Informe advierte la participación de servidores públicos en la trata de personas y la explotación sexual, situación que se ejemplifica en entidades como Quintana Roo, Tlaxcala y Acayucan, Veracruz, donde personal del Instituto Nacional de Migración fomenta una red de prostitución con mujeres y niños/as migrantes..
También se reporta la clausura de varios hoteles de Tapachula, Chiapas, donde se ocupaban trabajadoras sexuales para darle paso a la instalación de tiendas comerciales propiedad de grandes cadenas trasnacionales, utilizándose como pretexto el combate a la trata de personas y la salvaguarda de la moral y las buenas costumbres, por parte de la procuraduría y ayuntamiento, respectivamente.
Los medios de comunicación
En el informe, se resalta el papel jugado por los medios de comunicación debido a que al realizar campañas mediáticas contra el comercio sexual, etiquetándolo de trata de personas, mediante la difusión de reportajes novelados, exagerando y hasta inventando situaciones como “la existencia de 45 niños y 40 niñas explotados sexualmente en Las Huacas, Tapachula”, lo cual es una falsedad, justifican acciones contra la dignidad en el marco del Plan de la Frontera Sur.
Además, se comenta que las campañas publicitarias hechas en medios de comunicación, buscan ganarse el apoyo del público al explotar temas en torno a las mujeres migrantes vistas como víctimas de trata con fines sexuales y la explotación sexual infantil y adolescente, que de manera natural, anticipan el reproche de la mayoría de personas que leen o escuchan dichas noticias distorsionadas y alejadas completamente de la realidad.
Catalogar a todas las mujeres migrantes de bares y cantinas como víctimas de trata o explotación sexual, ha legitimado deportaciones masivas en toda la república mexicana y ha permitido que el gobierno mexicano presuma del rescate de cientos de víctimas de trata con fines sexuales “en contextos de comercio sexual”, advierte el documento.
También identificaron campañas de linchamiento periodístico acompañados de represión policíaca hacia mujeres migrantes trabajadoras sexuales en Coatzacoalcos, Veracruz; Villa Hermosa, Tabasco y Oaxaca, capital.
