El Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrió sistemáticamente en actos ilegales para obtener ventaja indebida en el proceso electoral de este año, pero considera que tales hechos irregulares no son de la gravedad suficiente o de magnitud extremapara la pérdida de su registro.
No basta la acreditación de un cúmulo de infracciones graves y sistemáticas a la normativa electoral sino que, además, se requiere que este tipo de violaciones se traduzcan en una transgresión directa e irreparable a las finalidades que la Constitución atribuye a los partidos.
Lo anterior es sustento del amplio análisis elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso de la secretaría ejecutiva del INE, para dar respuesta a una solicitud presentada el 20 de abril pasado por un grupo de 163 mil ciudadanos que exigieron, a través de firmas asentadas en la página change.org, la pérdida o cancelación del registro del PVEM.
Los ciudadanos documentaron múltiples violaciones cometidas por dicho partido, relacionadas sustancialmente con la alteración del modelo de comunicación política; por ejemplo, uso ilegal de recursos públicos y privados y contratación, mediante sus legisladores, de cerca de 300 mil promocionales en televisión, así como la entrega ilegal de tarjetas y mochilas, por mencionar sólo algunas faltas.
Ya fue multado
La autoridad electoral aduce que el partido ya fue multado por las violaciones cometidas.
El proyecto de la Unidad de lo Contencioso fue avalado ayer por la comisión de quejas del INE, con el voto de las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo, y la posición en contra de Roberto Ruiz. Ahora resta su discusión y votación en el Consejo General del instituto, aunque Ruiz advirtió que a sus colegas cuesta trabajo dar un paso de esa magnitud.
El consejero lamentó que el árbitro electoral haya desaprovechado la ocasión para sentar un precedente enérgico, con base en elementos existentes, para que un partido político en México se conduzca en los cauces legales.
El tema aquí de fondo es el precedente y la impunidad que se pueda generar en el sistema electoral mexicano, porque sí hubo un cúmulo de violaciones en un corto tiempo y ello no tiene precedente, lo cual debió haberse redimido con la consecuencia de pérdida de registro, dijo en entrevista.
La consejera Pamela San Martín, quien asistió a la sesión de la comsión de quejas –pero sin derecho a voto–, expresó: Me parece difícil entender que 20 hechos que afectan a la equidad, en conjunto no la afecten. No logro entender cómo ocurre eso… Que este partido permanezca, tiene efectos; el mensaje que se manda al resto es: se vale incurrir en todas esas conductas, advirtió.
Durante la sesión de la comisión de quejas, las consejeras Favela y Galindo avalaron el razonamiento de la Unidad de lo Contencioso, en el sentido de que los ilícitos del Verde si bien fueron graves y sistemáticos, no fueron de una magnitud extremapara anular el principio de equidad.
Según esta argumentación, eliminar al Verde o a cualquier otro partido político implica cancelar un cauce de participación política a través del cual cierto sector de la ciudadanía ejerce sus derechos de asociación, expresión, votar y ser votado.
La Unidad de lo Contencioso hizo además un comparativo internacional de pérdida de registro de partidos. En este punto subraya el caso español, donde fueron cancelados institutos políticos por su presunta vinculación a la organización terrorista ETA.
De igual forma, destaca que el Verde ya fue sancionado por sus faltas y que se le descontará, incluso, más de lo que tiene derecho por la vía de prerrogativas (recursos públicos para partidos), esto es un financiamiento mensual para este fin por 26 millones de pesos.
En el mismo estudio, el INE admite y desglosa las multas impuestas a este partido (tanto las señaladas por el tribunal electoral como por el instituto) del orden de 591.9 milones de pesos; la más grande, por 322.4 millones, fue por la aportación indebida de los legisladores del Verde a la propaganda de su partido. Es decir, más del financiamiento ordinario para este partido durante todo 2015, fijado en 323.2 millones de pesos.
Tras las impugnaciones, hasta el momento, han quedado en firme (definitivas e inapelables), 184.6 millones.
