Víctor Leonel Juan Martínez
México es un país multicultural. Así lo señala nuestra Constitución política –aunque con cerca de dos siglos de retraso, un levantamiento armado, el del EZLN en Chiapas en 1994 y dos décadas de movilizaciones indígenas de por medio — que no ha hecho sino reconocer la presencia de 62 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas de acuerdo a los datos que maneja la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, 6 millones 900 mil personas hablan una lengua indígena y 11 millones 100 mil viven en un hogar indígena. Sin embargo, 15,7 millones de personas se consideran a sí mismas indígenas, un 14 % de la población del país.
Sin embargo, a esta riqueza multicultural se contrapone la pobreza, el rezago y la marginación en que viven los indígenas. Esa situación no es resultado sólo del olvido, la discriminación, su aislamiento y fragmentación o su negativa a participar en el desarrollo, como con frecuencia se intenta explicar. Es, y así lo ha demostrado el reciente informe del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), resultado de una política económica y social que privilegia al capital, que utiliza los programas sociales como instrumentos para conseguir votos –ya mediante su compra o coacción— y que mantiene un modelo extremo de desigualdad social.
Basta señalar que de acuerdo al Informe 2010 sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, la población indígena alcanza niveles de desarrollo humano inferiores a la no indígena. Haciendo una comparación internacional se encuentra el IDH-PI del municipio con menor logro es Batopilas, Chihuahua, que registra un indicador de 0.3010, cifra menor que el país con menor desarrollo humano en el mundo, que es Níger con un IDH de 0.3300.
De acuerdo al reciente informe del CONEVAL, el 31.8 % de la población indígena vive en pobreza extrema y el 41.4% en pobreza moderada.
Es de gran relevancia señalar que los pueblos indígenas conservan la propiedad comunal –colectiva— de gran parte de su territorio. Casi 106 millones de hectáreas –de un total de 197 millones que constituyen el territorio mexicano— son propiedad social –ejidal o comunal—. Particularmente en los estados del Sureste mexicano, las comunidades lograron conservar la propiedad del territorio. No es ocioso decir que la mayor biodiversidad se encuentra en estas tierras, lo mismo que riquezas en minerales y fuentes de energía (como la eólica); y son éstas el botín que se disputan empresas trasnacionales y el gran capital.
La industria extractiva ha encontrado en México un rico filón. De acuerdo a datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, 95 millones 765 mil hectáreas –casi el total de la propiedad social—del territorio mexicano se encuentran concesionados a las empresas mineras.
Dos millones 137 mil 414 hectáreas de territorio, donde viven 42 pueblos indígenas, son explotadas por empresas mineras y ello se ha convertido en “la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social”.
El pueblo más amenazado es el Paipái, en Baja California, pues de las 68 mil 326 hectáreas el 97.1 por ciento está concesionado. Otro caso crítico es el de la etnia Kiliwa, también en Baja California, pues 85.2 por ciento de sus 27 mil 557 hectáreas están arrendadas a empresas norteamericanas.
Los territorios indígenas más golpeados por las mineras son los rarámuri (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes.
En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, son las empresas de energía eólica la que han conducido a distintos enfrentamientos.
Son los pues los pueblos indígenas los que continúan en la batalla por la defensa de sus territorios, su biodiversidad y su cultura. Con ello están dando la lucha por todos los mexicanos.
En cambio, se obstaculiza sistemáticamente los avances legislativos que les permitan contar con mejores instrumentos jurídicos para su defensa. Desde la década pasada duerme el sueño de los justos la iniciativa de Ley de Consulta en el Congreso Federal. En el local, hace ya un par de años que fue presentada la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia indígena; pero los legisladores no la votan, entrampados en sus disputas internas, en su futurismo político y en su falta de compromiso social. Hoy, que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es oportuno recordarlo.
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